El PP provincial se alinea con la decisión adoptada por esta formación en la comarca de O Salnés y rechaza el anteproyecto de la Lei de Acuicultura de Galicia que puso sobre la mesa la Consellería do Mar.

Es un serio revés para su titular, Rosa Quintana, y su secretario xeral, Juan Carlos Maneiro, que el domingo reconocían una deficiente comunicación interna que ensombrece las "bondades" de este articulado y que solo un par de días antes apelaban a la cordura y la sensatez de todos los políticos, incluidos los de su grupo.

Pero el posicionamiento de los conservadores pontevedreses, pidiendo que se consensúe una nueva ley acuícola previa consulta con todos los agentes implicados, y en consecuencia dando por hecho que no se hizo con el anteproyecto actual, no solo supone arrojar a Quintana y Maneiro a los pies de los caballos, o lo que es lo mismo, brindar su cabezas a un sector productor enfurecido, sino que es lo mismo que situar al gobierno de Alberto Núñez Feijóo entre la espada y la pared, pues no hay que olvidar que si bien el anteproyecto de ley fue planteado por Mar, lo impulsó el Consello da Xunta el pasado 1 de octubre.

Lo que hace el PP provincial es presentar una moción en la Diputación de Pontevedra para que en el próximo pleno se tome el acuerdo de instar a la Consellería do Mar a consensuar una nueva tramitación de la ley, abriendo un periodo de diálogo y consulta para garantizar que el texto desarrollado finalmente "recoja fielmente las aspiraciones de las gentes del mar de Galicia".

Es decir, que el PP deja sola a la Consellería do Mar y reclama en el ente provincial lo mismo que se transmite en los diferentes ayuntamientos costeros a iniciativa de cofradías, bateeiros y Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), que prepararon una moción tipo para frenar el articulado propuesto y ya consiguieron importantes victorias en las batallas libradas hasta ahora, lo que cada vez aumenta más sus posibilidades de ganar esta guerra.

De hecho, el diputado provincial Ángel Moldes, explica la postura del PP en Pontevedra diciendo que "existe una profunda preocupación entre la gente del mar", por lo que cree aconsejable "consensuar el texto e iniciar una fase de consulta con todos a fin de mitigar las inquietudes existentes y acercar posturas para alcanzar una ley consensuada con el sector".

Eso sí, aunque parezca incongruente, y quizás para que no todo suene a ruptura total y con el fin de no tensar más la cuerda antes de las elecciones, el PP pontevedrés coincide con Mar en que la ley es "buena" para Galicia.

Al menos eso se interpreta cuando no escatima en elogios para garantizar que es "una ley pionera en Europa que asegura el futuro de la industria acuícola y articula el aprovechamiento sostenible y eficiente de los recursos marinos, además de reformar las competencias de la Consellería do Mar en pro de una gestión eficaz".

Incluso asumen en el PP que con la ley propuesta, y que ellos mismos rechazan, se sentarían las bases para que la industria acuícola -y acuicultura también es el cultivo de mejillón en batea- "pueda alcanzar todo su potencial".

No opinan lo mismo, lógicamente, los detractores del anteproyecto, que siguen participando en reuniones con los gobiernos de diferentes concellos, presentando mociones e incluso recogiendo firmas en Internet para conseguir su objetivo.

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), sin ir más lejos, recoge adhesiones argumentando que las rías "se contaminarán con excrementos y residuos de peces, piensos y fármacos (vacunas, antibióticos)", al tiempo que advierten de la "propagación de enfermedades y parásitos". Todo ello, aseguran, "afectará a la calidad y cantidad de nuestros recursos y deteriorará el medio marino".

En la misma campaña sugieren que "la contaminación de peces y mariscos podría llevar parejas vedas técnicas o la prohibición de actividades de pesca y marisqueo por razones sanitarias".