El PP de O Salnés se posiciona al lado de cofradías de pescadores y bateeiros. Los conservadores arousanos rechazan la Lei de Acuicultura de Galicia propuesta por la Consellería do Mar, y el primer paso se dio anoche en el Concello de A Illa.

Los grupos municipales del PSOE, BNG y PP consensuaron y apoyaron en sesión plenaria una propuesta basada en los planteamientos de los sectores productivos y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA). Es decir, rechazaron el articulado y decidieron instar a la Xunta a paralizar el trámite, recomendándole incluso que evite presentar una nueva ley "hasta que sea previamente consensuada con las gentes del mar".

"No podemos apoyar esta ley porque, según nos transmiten los sectores productivos, no fue consensuada con ellos", esgrimió el portavoz popular, Juan José González Vázquez, antes de explicar que el PP no puede plegarse a las órdenes de Santiago, sino que "tenemos que estar al lado de nuestros votantes y nuestra gente, y así se lo hemos transmitido ya al partido".

Es el primer paso, pero no será el último, ya que lo mismo sucederá, prácticamente con la misma escenificación, en los demás municipios arousanos.

Parece evidente que cuando la Consellería do Mar apelaba el miércoles a la responsabilidad de los grupos políticos, pidiéndoles que no se manipule ni tergiverse la información trasladada al sector sobre la futura ley, no solo se refería a los grupos de la oposición, sino también a sus propios representantes en la comarca, que parecen haber decidido dar la espalda a la disciplina de partido para "estar al lado de nuestra gente".

En definitiva, que el apoyo del PP de A Illa, o el que hace semanas brindó el de Vilanova, no es algo casual, por lo que todo parece indicar que los sectores productivos van a recibir en la ría incluso más apoyos de los previstos.

Los argumentos fundamentales que manejan los detractores de la nueva normativa son ya sobradamente conocidos, y van desde el temor a la introducción de multinacionales en las rías hasta la obligación de tener que pagar un canon por explotar bancos marisqueros que ahora les salen gratis, pasando por un incremento de las sanciones para los que incumplan las normas y el miedo a que la "acuicultura intensiva" cause impacto ambiental.

En este sentido, quienes rechazan la ley acuícola sostienen que el sector del mar en Galicia resulta "estratégico en la economía local por el empleo directo que genera entre mariscadoras de a pie, bateeiros, marineros, rañeiros y demás colectivos que tienen su medio de vida en el mar".

Además "genera empleos estables también en época de crisis y representa el 4% de la producción total de la economía gallega".

Eso sin olvidar, insisten, que "se trata de un sector estratégico por el empleo que induce en depuradoras, cocederos, conserveras, centros de congelación, comercializadoras, empresas proveedoras de servicios y suministros y en las actividades auxiliares de apoyo, como el transporte".

A esa importancia económica "se une el valor social que adquiere el sector del mar en los municipios costeros, ya que tiene la capacidad de generar beneficios en amplias capas de la población, convirtiéndose en un mecanismo de distribución y reparto de la riqueza que incentiva la implantación de actividades y pequeños negocios".

En la PDRA incluso vinculan el mar al turismo gallego para sentenciar que "la fortaleza del sector del mar está también en el paisaje de sus rías, provista de bateas, embarcaciones pesca y mariscadores tanto a flote como en sus playas que dan como resultado la obtención de peces y mariscos a los que el consumidor otorga una alta estima y prestigio, pues forman parte de la excelsa gastronomía de Galicia".