La denuncia contra Alfredo Bea por el presunto delito de prevaricación administrativa partió de Jaime Parada, que en el momento en que tuvieron lugar los hechos era jefe de la Policía Local de O Grove -actualmente está en segunda actividad- y que mantuvo agrios enfrentamientos con el edil. Las defensas de Alfredo Bea y Henrique Escalante incidieron en el juicio en que Parada "obtuvo de manera ilícita las copias de documentos que acompañó en su día con la denuncia, pues los originales de los mismos son gestionados por la empresa Recyges, contratada por el Concello para tramitar los expedientes administrativos".

En este sentido, y antes de rechazar los argumentos de la defensa, el juez asume que "dado que el tratamiento de los datos está asignado por contrato a la empresa Recyges, tal vez la actuación correcta hubiera sido que el denunciante Jaime Parada, a la sazón jefe de la Policía Local, hubiera solicitado el expediente de dicha empresa en lugar de obtener fotocopia de parte del mismo, pero tal irregularidad no supone infracción de derechos fundamentales, puesto que en realidad ni siquiera es preciso acudir a dicha vía por parte de la Policía Local, que tiene acceso telemático a los archivos de la empresa".

Entre los testigos que participaron en el proceso, y cuyo testimonio careció de relevancia para el juez, estuvo un agente policial que manifestó que en las oficinas de la Policía Local no había copias de los expedientes. "Es irrelevante -esgrimió el juez-, pues no se aprecia que con el actuar del querellante, jefe de la Policía Local de O Grove en aquélla época, se hubieran infringido derechos fundamentales de los acusados".