Tras conocerse la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra que condena a Alfredo Bea a siete años de inhabilitación para cargos públicos en la Administración municipal, al considerarle culpable de un delito de prevaricación por la retira de una multa en 2012, el edil ya anunció que va a presentar recurso y en que fue el policía que había puesto la sanción el que la retiró, tras aceptar la alegación interpuesta por el conductor sancionado, Enrique Escalante, condenado a un año y tres meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias.

Fue en enero de 2012 cuando Bea pidió a este miembro de Protección Civil y compañero de partido que fuese a la base de la agrupación a recoger unos documentos que el edil necesitaba para una reunión sobre playas. El voluntario aparcó su coche en una parada de taxis y un policía local lo multó.