El Partido Galeguista Demócrata (PGD) sale en defensa de su jefe de filas, Alfredo Bea García, después de que un juez lo inhabilitara por, presuntamente, aprovecharse de su cargo de concejal de Seguridad Ciudadana para que se retirara una multa impuesta por la policía a un compañero de partido, Enrique Escalante.
Los galeguistas mecos consideran que se trata de una persecución política que ha derivado en una sentencia judicial que va a ser recurrida, ya que están convencidos de que "finalmente va a imperar la justicia y se aclarará la verdad, demostrándose la inocencia de ambos y restaurándose su honorabilidad".
Ni que decir tiene que el PGD considera un despropósito que se impongan siete años de inhabilitación a Alfredo Bea y más de un año de cárcel a Enrique Escalante por unos hechos que consideran totalmente justificados.
Y es que "la propia sentencia recoge que fue el agente de policía el que retiró la multa a Escalante tras seguir los procedimientos establecidos".
Lo que sucedió fue que Alfredo Bea, como concejal, presentó una "solicitud" en la cual hacía constar que Enrique Escalante "ejercía como miembro de Protección Civil en el momento de ser sancionado", motivo por el cual, "como haría cualquier vecino", el propio denunciado presentó su reclamación.
Al dictarse ahora una sentencia condenatoria "se inhabilita a Alfredo Bea por algo que no hizo, ya que hay que insistir en que la denuncia es retirada por el agente de policía". Y consideran aún más injusto "el castigo impuesto a Enrique Escalante, al que se condena por el simple hecho de ejercer su derecho ciudadano a reclamar".
Lo que quiere decir el PGD es que las alegaciones del sancionado podrían ser atendidas o no, "pero al condenarlo judicialmente se le castiga por el simple hecho de reclamar".
Los galeguistas animan a Bea y Escalante a seguir hasta el final con este proceso judicial y les ofrecen todo su apoyo.
