La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo decidió recientemente confirmar la medida de separación del servicio a un cabo primero de la Guardia Civil tras ser condenado a ocho años de prisión por un delito de narcotráfico. La Audiencia Provincial condenó a F. C. P. en julio de 2012 y la sentencia fue declarada firme posteriormente de ahí que el ministro de Defensa firmó el pasado año la medida disciplinaria de separación del servicio como "autor de una falta muy grave" del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil consistente en "comete un delito doloso condenado por sentencia firme que cause grave daño a la administración y a los ciudadanos".
Este agente presentó recurso contencioso disciplinario militar contra esta medida, alegando entre otras cuestiones la caducidad del expediente sancionador, pero ahora el Supremo lo confirma.
F. C. P. fue uno de los cinco condenados entre las seis personas que se sentaron en el banquillo de la Audiencia en 2012 acusados de orquestar un plan para introducir en España, concretamente en la provincia de Pontevedra, 9 kilos de cocaína por vía aérea.
Tan solo una persona resultó absuelta, siendo las penas más elevadas para este guardia civil y para F. D. C.F., de ocho años de prisión y millón y medio de euros de multa. Utilizando a un ciudadano argentino como "mula", el objetivo era introducir los 9 kilos de cocaína a través del aeropuerto de Barajas. La Policía Nacional, bajo la supervisión del juzgado, realizó una "entrega controlada", es decir, permitió que la mercancía y su portador completasen su camino hasta los receptores finales de la sustancia estupefaciente. Así las cosas, la "mula" aterrizó en Barajas el 30 de enero de 2010, pasó los diferentes controles y se montó en un autobús para Vigo. Cuando llegó a la ciudad olívica, dos de los acusados acompañaron a la "mula" a una cafetería y fue allí donde fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional que se incautaron de los 9,7 kilos de droga.
Según el fallo de la Audiencia de Pontevedra, este guardia civil y otro de los procesados "además de colaborar en el diseño, organización del viaje y envío de la droga", aportaban, junto a un tercer implicado, "el dinero necesario para la adquisición de la droga en su origen".
La pena impuesta fue menor para los otros tres acusados que resultaron condenados por la Audiencia de Pontevedra debido a que la confesión de los hechos inculpando en gran medida a los otros implicados, permitió una rebaja de la pena en la petición formulada por la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.
