El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó el recurso presentado por la asociación de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, con el que se había frenado el desarrollo del expediente para construir un gran centro comercial en la parcela que antiguamente ocupaba la empresa Metalgráfica Gallega S.A. (Megasa), en el lugar de As Carolinas.

Esto es tanto como decir que, ahora sí, los promotores de las nuevas instalaciones tienen el camino totalmente despejado para hacerlas realidad y dotar a Vilagarcía de 5.022 metros cuadrados de superficie de venta y exposición, dentro de una parcela de 8.627 m2.

El edificio previsto contará con tres accesos peatonales (dos de ellos por la avenida de As Carolinas) que conectan con un paseo comercial (denominado "mall") cubierto con elementos que permitan garantizar la entrada de luz natural.

Al norte de ese paseo estarán las dependencias del hipermercado y al sur una galería de locales comerciales "de diferentes dimensiones y formas".

Esos negocios se destinarán a comercio al por menor y se distribuirán en 609 metros cuadrados de la planta baja y 245 de una entreplanta.

Hay que recordar que hace más de un año la asociación de comerciantes de Vilagarcía se encomendaba al recurso contencioso administrativo interpuesto ante el TSXG contra el acuerdo de aprobación del estudio de detalle en los terrenos de Megasa.

La consecuencia inmediata de aquel recurso era que se paralizaba cualquier avance en el desarrollo del expediente.

"El anuncio de recurso que nuestros representantes legales presentaron en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es la única manera que tenemos para intentar frenar la creación del gran área comercial que consideramos que se esconde tras el estudio de detalle de ordenación de volúmenes", explicaba entonces la presidenta de Zona Aberta.

Recordaba, además, que durante la tramitación del estudio de detalle de Megasa en el Concello se presentaron alegaciones por entender que este trámite estaba indicado para crear un centro comercial, en lugar de la ordenación de volúmenes de la finca que se argumentaba por parte de los propietarios.

Ya en noviembre del año pasado se conocía que las obras de demolición en la parcela de Megasa contaban con licencia de ejecución. Los trabajos habían comenzado en septiembre y fueron paralizados semanas después tras la orden emitida por el entonces alcalde, Tomás Fole, dado que la actuación no tenía aún el permiso.

Transcurrido un año, y ya con nuevo gobierno en Ravella, se dieron más pasos. La semana pasada, sin ir más lejos, el alcalde socialista Alberto Varela y la concejala de Urbanismo, Paola María, se reunían con representantes de Zona Aberta, los abogados de esta entidad, técnicos municipales, de la empresa redactora del PXOM (Eptisa) y los portavoces de los grupos de la oposición para buscar "vías alternativas" con las que intentar frenar la construcción del centro comercial en Megasa.

En aquel encuentro los abogados de la asociación de comerciantes propusieron una modificación puntual del PXOM en vigor para cambiar la calificación y uso del suelo de la finca de As Carolinas de industrial y comercial actual a suelo residencial.

No obstante, dado que es la Secretaría Xeral de Urbanismo de la Xunta la que debe autorizar o no esa modificación urbanística, el alcalde vilagarciano se comprometió a solicitar una entrevista con su responsable para "consultar la posibilidad" de tramitar la propuesta de los comerciantes.

Cabe incidir en que los técnicos de Eptisa, la empresa redactora del PXOM, y también los del Ayuntamiento, advirtieron respecto de las "pocas posibilidades" de que la propuesta de Zona Aberta saliera adelante, porque las aprobaciones puntuales de un Plan Xeral, pese a ser promovidas por los Concellos, tienen que ser autorizadas por la Xunta, que según Ravella "es bastante reticente" a utilizar este tipo de mecanismos cuando un planeamiento urbanístico en su totalidad se encuentra en trámite de revisión, como sucede en Vilagarcía.

Además, los técnicos advirtieron de que aún logrando tramitar la modificación puntual del Plan, esto "conllevaría riesgos", puesto que el procedimiento establece la suspensión de licencias durante un año.

En cuanto a la postura del PP, su portavoz, Tomás Fole, acusó al regidor socialista de haber "engañado" a los comerciantes en campaña electoral, dando ahora la razón a los planteamientos de los conservadores.

Según indicó hace días el propio Fole, "sorprende ver ahora los esfuerzos de Alberto Varela para contradecirse a sí mismo de lo que decía en campaña y apelar al cumplimiento de la ley que antes ponía en duda".