En el informe "El furtivismo marino y su incidencia en la comunidad autónoma de Galicia", elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en colaboración con la Fiscalía Superior de Galicia y a petición de la Consellería do Medio Rural e do Mar, la titular de este departamento, Rosa Quintana, incide en que "la lucha contra el furtivismo no es una competencia exclusiva de la Administración autonómica".
Lo que quiere decir es que "se requiere del concurso de otras Administraciones, como la del Estado, y la participación de los Cuerpos de Seguridad, la Justicia, el propio sector y los ciudadanos, en su condición de consumidores".
El papel del ciudadano
En este último caso, Rosa Quintana insiste una y otra vez en que los consumidores no pueden convertirse en "cómplices" de la práctica ilegal que supone el furtivismo, por lo que invita a la población a "rechazar productos de dudosa procedencia".
Y no parece que esto sea algo tan difícil de conseguir, pues basta con rechazar el centollo que se ofrece en los restaurantes en verano, cuando está en veda, o dejar de comprar vieiras -que además pueden provocar graves daños a la salud pública-, almejas, nécoras, pulpo o cualquier otro producto antes de que pase por las lonjas o centros de expedición autorizados.
Coordinación y colaboración
Recordaba la conselleira de Mar en el citado informe, y lo repite cada vez que tiene oportunidad, que el furtivismo "entraña en muchos casos graves riesgos para la salud de los consumidores e importantes pérdidas a los profesionales del mar".
De aquí que en ese informe, de plena vigencia a pesar de haber sido editado antes de que el furtivismo fuera tipificado como delito en el Código Penal, la propia conselleira de Mar sentenciara que "solo con la coordinación, el compromiso y la colaboración de todas las partes implicadas lograremos nuestro propósito y mantendremos la fuente de riqueza y empleo de nuestras costas".
