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El alcalde de Vilagarcía dice que la venta supone "una renuncia" de la Xunta a la ampliación del edificio judicial

El uso de la finca ubicada detrás de los juzgados y de la comisaría de Policía Nacional es un tema que colea desde hace años. Ya la exalcaldesa socialista Dolores García realizó gestiones durante su mandato (2007-2011) con el objetivo de que la céntrica parcela -emplazada entre O Cavadelo y la avenida de A Mariña- revertiese en propiedad municipal.

El sucesor de García, Tomás Fole (PP), también se implicó en el asunto, solicitando al Ministerio de Hacienda que permitiese utilizar la parcela como aparcamiento público de forma provisional mientras no dilucidaba el futuro del solar.

Ahora que la finca sale de nuevo a subasta, el actual alcalde, Alberto Varela (PSOE), también se muestra preocupado por la situación y se ha informado de las gestiones de sus predecesores gracias a la secretaria municipal. No obstante Varela admite que "poco más que el derecho a la queja podremos hacer". Y es que las arcas de Ravella no gozan de tan buena salud como para desembolsar 2,7 millones de euros por un terreno.

El regidor socialista interpreta este nuevo intento del Estado de colocar en el mercado la céntrica parcela como "una renuncia de la administración de Justicia a ampliar el edificio judicial, lo que permitiría la posibilidad de crear el cuarto juzgado". Con todo, Varela cree "difícil" que la finca vaya a tener éxito en esta nueva enajenación debido a su elevado precio.

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