Durante el proceso de negociación con las demás formaciones políticas, el PSOE de Vilagarcía dejó al PP a un lado al considerar que un pacto con este partido conservador sería "antinatura". Alberto Varela mantuvo un único encuentro con su predecesor, Tomás Fole, por "protocolo y cortesía" en aras de realizar el traspaso de poderes. Pero el pleno de organización del lunes -donde los votos en contra del PP, EU y Somos Maioría dejaron sin sueldo al alcalde y a sus cuatro ediles liberados- ha dado un giro de 180 grados a los planes del PSOE, que gobierna en minoría.

Y es que el principal escollo del apoyo de la izquierda es el salario del alcalde (2.500 euros netos al mes), y Varela se muestra inflexible en este aspecto al considerar la cantidad "normal y razonable" para la responsabilidad del cargo, por lo que la única alternativa que le queda para sacar adelante sus retribuciones y las de su equipo es llamar a la puerta del Partido Popular. Y así lo hará, pues Varela anunció ayer que iniciará de inmediato una ronda de contactos con "todos los grupos para pedirles ideas y propuestas", un nuevo proceso que ya comenzó ayer con algunas llamadas y en el que "no va a quedar fuera ningún partido". Ni siquiera el PP, cuya posición en el pleno fue calificada por la portavoz del gobierno de "absurda" y "esperpéntica" por votar en contra de las comisiones informativas, un asunto "absolutamente reglado", recordó la socialista, que reprochó a los opositores a su propuesta económica que "la votación conjunta entre el PP y dos fuerzas de izquierda nos recuerda a tiempos pasados".

Convertir el voto desfavorable de la formación de la gaviota en una abstención se presenta como la estrategia con más opciones de fructificar, una vez que Esquerda Unida y Somos Maioría no cederán ni un ápice en el salario del alcalde. Para sendas formaciones una rebaja de los 51.600 euros brutos anuales para el regidor -lo mismo que cobraba Fole- es una condición sine qua non para negociar.

En cambio las discrepancias del PP van por otros derroteros. Si bien critica el gasto en concejales socialistas liberados (42.000 euros más al año que el PP) y el número de dedicaciones exclusivas (cinco) -si bien se reducen los cargos de confianza-, el principal varapalo para los populares es su exclusión de determinados órganos como el Puerto, la Mesa Local de Comercio o la de Personal, unas críticas sustentadas en su condición de partido mayoritario de la oposición.

Alberto Varela y Tania García salieron ayer a la palestra para valorar que el rechazo de PP, EU y Somos Maioría a toda su propuesta económica (liberaciones, cargos de confianza, asignaciones a partidos, etc.) es "un posicionamiento de fuerza para evidenciar que somos un gobierno en minoría, para decirnos que dependemos de ellos".

García considera que los argumentos esgrimidos "no son coherentes" porque "critican las retribuciones cuando sus partidos gobiernan en otras localidades con salarios superiores".

La número dos del Ejecutivo pidió coherencia, seriedad y "respeto por las mayorías" a dos formaciones a las que Alberto Varela acusó de "querer imponer sus programas electorales. "Eso no es negociar", recalcó. "Se enrocan en posiciones sin ser conscientes de su representatividad", añadió.

En cuanto a la convocatoria del pleno de organización sin haber logrado un acuerdo, Varela insistió que se hizo "a raíz de las conversaciones mantenidas con los grupos", las cuales "no tienen nada que ver con los posicionamientos de fuerza del pleno", desveló. "Si a la una de madrugada del domingo un grupo cambia la posición es difícil revertir la situación", desveló, presumiblemente en alusión a EU, pues Somos Maioría anunció su voto en contra ya la semana pasada.

El alcalde replicó a la oposición que en las reuniones "sí se habló de propuesta concretas, y por las dos partes, no solo el gobierno", incluidas las relativas a los puestos en el Puerto y en la Mancomunidade.

La intención del PSOE es conseguir apoyos para convocar un nuevo pleno de organización la próxima semana. El plazo legal expira el 18 de julio.