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Vecinos de O Grove piden que se ejecute el derribo de un taller de construcción naval

La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística abrió un expediente de reposición de la legalidad »El Concello confirma que el proceso de demolición continúa abierto

La nave cuyo derribo reclaman algunos vecinos de O Grove. // Muñiz

Una familia de O Grove que en su día denunció las obras, reclama que se ejecute el cierre y/o derribo de una antigua granja porcina reconvertida en fábrica de construcción naval, en el lugar de Campos.

Los denunciantes explican que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) abrió un expediente de reposición de la legalidad, después de confirmar las irregularidades presuntamente cometidas, y aclaran que ya se anunció la "ilegalidad" en septiembre de 2013 y que hay sentencias judiciales que así lo avalan, por lo que exigen su cumplimiento.

Las mismas fuentes argumentan que "ahora que se habla tanto de las sentencias que obligan a cerrar el restaurante Culler de Pau o de la orden de derribo de la casa de una familia de Ostreira, hay que retomar también este tema y tirar esa nave de construcción naval".

En el Concello confirman que el expediente existe y que el procedimiento urbanístico, ajeno a la Administración local, sigue su curso. Al parecer "ya se han impuesto multas coercitivas, y cuando dejen de pagarse, o a medida que el procedimiento avance, será el momento de que intervenga la piqueta en es antigua granja porcina", señalan fuentes municipales.

También sostienen que "la granja porcina había cerrado y se cambió el uso para construir embarcaciones de poliéster; lo que hizo el dueño fue levantar el tejado y modificar la edificación original, y fue ahí, al aumentar el volumen, cuando comenzaron sus problemas".

FARO DE VIGO ha tenido acceso al expediente de reposición de la legalidad urbanística "en relación con las obras de transformación de una nave de granja porcina en nave destinada a fábrica de construcción naval". Ese documento señala que una vez concluida la instrucción del procedimiento se considera probado que el dueño de la nave la amplió "con la construcción de paredes con un aumento de altura de dos metros y la colocación de viguetas de infraestructura metálica para la colocación de paneles tipo 'sandwich' para cambio de cubierta sin licencia municipal, tal y como constató la Policía Local en un informe de abril de 2006". Además se advierte de que el alcalde de O Grove, en febrero de 1970, otorgó licencia para el funcionamiento de la granja porcina y que las obras ejecutadas para su reforma "carecen de autorización urbanística de la comunidad autónoma, de licencia urbanística municipal y de licencia de actividad".

Por si fuera poco, los terrenos en los que se ubica la nave de construcción naval -la parcela tiene una superficie de 7.184 metros cuadrados- están calificados por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas en 1996 como Suelo No Urbanizable Común".

La APLU apostilla, al hilo de esto, que la legislación establece que los propietarios de dicho tipo de suelo deben destinarlo a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales. Así, "excepcionalmente, podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público que tengan que emplazarse necesariamente en el medio rural -sería le caso de la granja porcina- siempre que se trate de Suelo No Urbanizable Común (...). En los demás supuestos queda prohibida la edificación". Y dicho de otro modo, "la ejecución de una nave para construcción y reparación de embarcaciones constituye un uso prohibido en suelo rústico".

La agencia urbanística manifiesta, acto seguido, que "la granja porcina existió desde 1970, pero resultó probado que se transformó en una nave de construcción naval, realizándose obras que no se corresponden a las de 'mera conservación' ni a las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente". Por el contrario, "se incrementó el volumen y se alteró la estructura, tal y como señala la sentencia del Contencioso Administrativo de 7 de octubre de 2011".

En resumen, que tanto la APLU como la Justicia concluyen que "esa construcción antes ilegal y después legalizada no puede dedicarse a otro uso o actividad distinto de aquel al que se dedicaba", el de granja porcina.

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