Las previsiones se confirmaron. Más de un millar ade personas se concentraron a las 21:30 horas en la plaza grovense de O Corgo para apoyar Juan Francisco Bea Rodríguez (Quico) y Fátima Doçeu Bernabé, los dos vecinos de O Grove a los que Costas del Estado ha dado un ultimátum. En menos de un mes su casa, en el lugar de Ostreira, será derribada. La razón es que se trata de una vivienda ilegal, ya que ocupa el dominio público. Lo que sucede es que cuando la compraron, hace ya 15 años, no sabían de la existencia de expediente urbanístico alguno. Ahora se exponen a perder su casa y todo el dinero invertido, además de quedarles pendiente aún una carga hipotecaria durante otros diez años.

Las redes sociales son un clamor, y la consigna utilizada, como se hará en la protesta vecinal, es "Todos somos Quico y Fátima". A través de Facebook se ha organizado una campaña de recogida de firmas que como hilo argumental utiliza la información publicada en FARO DE VIGO hace unos días, cuando este caso salió a relucir.

Las firmas, a estas alturas más de medio millar, respaldan una petición que dice así: Juan Francisco Bea Rodríguez, al que todos conocen como "Quico Bea", es un conocido músico de O Grove que en menos de un mes puede perder su casa. Dice estar "desesperado" ante la difícil situación que debe afrontar, ya que además de perder su hogar, "y no tenemos dónde ir", puede quedarse también sin su único medio de vida y de trabajo, ya que este músico -un autónomo de 50 años- integra el dúo Prisma y en dicha residencia tiene instalado su estudio.

Pero sabe que las piquetas van a llegar, salvo que ocurra "un milagro" en el Tribunal Constitucional, donde ha presentado los recursos pertinentes. Lo más llamativo de este asunto, quizás, es que Quico Bea ni siquiera discute la legalidad de la casa. Sabe que ocupa zonas de protección, incluida en el dominio público de Costas. Lo que sucede es que lo supo después de haber comprado la vivienda, hace ya quince años. Se sitúa entre Laxe de Rons y Virxe das Mareas, cerca de conservas Isabel de Galicia. Entre esta casa y el mar, a unos ochenta metros, se ubican una depuradora y un galpón. Pero su casa es la que, presumiblemente, va a ser derruida, ya que está considerada ilegalizable. "Llevo quince años pagando la hipoteca de esta vivienda y me enteré hace cinco de que tenía pendiente una orden de derribo", alega este vecino grovense.

Según su testimonio, el anterior propietario no le habría dicho que la casa era ilegal, y mucho menos que ya le habían impuesto diferentes multas coercitivas por la infracción urbanística cometida. Así que, convencido de la idoneidad de aquella vivienda, Francisco Bea se fue al banco, pidió un préstamo hipotecario y adquirió la propiedad. Casado y padre de dos hijos -aunque ya son mayores y ahora solo viven él y su esposa en la citada casa-, Bea insiste: "No tiene sentido que sea yo el que pague las consecuencias de todo esto, puesto que no cometí ningún delito". Y mientras apela a la jurisprudencia que puede darle la razón, reconoce que la casa está afectada por la Ley de Costas, que le dieron "un ultimátum de un mes" y, sobre todo, insiste en que su casa "no molesta a nadie, ni afecta a la línea de costa o a la playa y, desde luego, no perjudica al medio ambiente".

Mientras reflexiona en voz alta sobre todo lo sucedido en "estos últimos quince años de lucha judicial", Quico Bea confiesa que Costas ya le ha impuesto ocho multas "y me tienen las cuentas embargadas, por eso para pagar la hipoteca y demás recibos mensuales tengo que ir al banco y entregar el dinero en mano, casi como si fuera un delincuente".Dicho esto, el grovense termina con una exclamación, casi con una súplica: "Lo único que hice, repito una vez más, fue comprar una casa sin saber que tenía orden de derribo, porque me lo ocultaron; una vivienda que es la única que tengo y cuya hipoteca aún tendré que pagar durante los diez próximos años".