El conflicto entre el Gobierno central y los vecinos de Sobradelo (Vilagarcía) cuyas propiedades fueron expropiadas para construir el vial de acceso al Puerto todavía sigue coleando. Después de infinidad de manifestaciones en la calle para reclamar el pago de las indemnizaciones fijadas por el Jurado Provincial de Expropiación en noviembre de 2009, dos años después, en 2011, el Ministerio de Fomento comenzó a abonar las cantidades a los afectados, aunque la mayoría de ellos no cobraron hasta 2012 o incluso 2013. No obstante, a día de hoy los intereses de demora por parte de Fomento aún siguen pendientes de pago.

Aparte del conflicto con el Ministerio, a los expropiados se les acaba de abrir un nuevo frente. En esta ocasión, con Hacienda. A finales de junio inspectores de la Agencia Tributaria fueron casa por casa a entregarles en mano una notificación en la que les requieren la presentación de una declaración complementaria para tributar por el dinero público recibido tras la ocupación de sus terrenos, según afirman fuentes cercanas a los afectados.

Lo curioso de todo esto es que Hacienda les ordena tributar desde 2009, cuando el Jurado Provincial de Expropiación emitió la resolución de los justiprecios. "Lo lógico es que la gente declare el dinero una vez que lo cobró, no antes. Lo que dice Hacienda es que tenían que haber tributado desde 2009, y los afectados cobraron entre 2011 y 2013", apuntan desde el entorno de los vecinos.

Fuentes jurídicas aclaran que no resulta habitual que la Agencia Tributaria se inmiscuya en asuntos de expropiaciones. Pero la administración fiscalizadora considera ahora que se ha producido un incremento patrimonial y reclama a los afectados de Sobradelo que tributen por ingresos que en algunos casos han superado los 100.000 euros -aunque no fue lo habitual-.

En un principio se consignaron 30 millones de euros para las expropiaciones del vial de acceso al Puerto, una carretera que atraviesa los términos municipales de Vilagarcía, Vilanova y Caldas.

Prescriben en cuatro años

Pero, ¿por qué Hacienda recurre a una notificación puerta por puerta y en este preciso momento en lugar de utilizar el correo ordinario? En el entorno de los vecinos sospechan que la actuación de la Agencia Tributaria pretende que los hechos no prescriban. Y es que las deudas tributarias no pueden reclamarse una vez superados los cuatro años desde que se produjeron. En el caso de las expropiaciones del vial del Puerto de Vilagarcía, el veredicto del Jurado se emitió en 2009, por lo que el plazo para declarar esos ingresos expiró el 30 de junio de 2014. De ahí que los últimos días de ese mes se personasen en los domicilios de los afectados inspectores de Hacienda.

Aunque todavía es muy pronto para confirmarlo, algunos afectados ya dan por hecho que estas notificaciones acarrearán otras en las que la administración les reclamarán cantidades por haber tributado con retraso.

La construcción del vial de acceso al Puerto necesitó de la ocupación de terrenos de decenas de familias. Medio centenar de ellas hicieron piña creando un colectivo de afectados en el que José María Fernández ejercía como portavoz.

Según la información que maneja la UTE que realizó el control y vigilancia de las obras, la nueva carretera ubicada al sur de Vilagarcía mide un total de 7.121 metros de longitud. Su origen se sitúa en la intersección de las calles Pablo Picasso y Valle Inclán, en la entrada del puerto. El trazado discurre por la propia calle Pablo Picasso en los primeros 350 metros hasta llegar al cruce con la carretera PO-549, donde se construyó una glorieta, conocida popularmente como la rotonda de Procoarsa, un escenario que acogió multitud de movilizaciones de los afectados.

La también denominada variante sur "muere" en la rotonda de Godos (Caldas). En ese punto confluyen los municipios de Caldas y Vilanova (en concreto en la parroquia de Baión).

A lo largo de los más de 7 kilómetros de calzada se levantaron los viaductos de Santa Mariña y de A Lomba, de 480 y 120 metros respectivamente. También se ejecutaron ocho pasos superiores y cuatro pasos inferiores, además de unos 16 kilómetros de caminos de servicio que permiten acceder a las parcelas colindantes.

La inversión total de la actuación alcanzó los 22, 2 millones de euros, aparte de los 30 millones de euros en expropiaciones. Cuatro años después de su inauguración, el vial continúa sin iluminación.