Acabar con el "intrusismo" en el sector es el principal objetivo que se ha marcado la Asociación Galega de Ambulantes e Autónomos y para ello no han dudado en exigir a la Xunta que obligue a los Concellos a aplicar la Lei de Comercio Interior de Galicia con aquellos vendedores que utilizan la vía pública sin ningún tipo de autorización, como es el caso de los vendedores de fruta en las inmediaciones de las carreteras. El colectivo remitió recientemente un escrito a la Dirección Xeral de Comercio alentando a la administración no solo a exigir el cumplimiento de la normativa, sino también instándola a que se actúe, incluso judicialmente, contra los alcaldes de los concellos que "consientan" este tipo de prácticas pese a ser conocedores de que se le está "ocultando al consumidor su derecho de saber con quien se trata".

Pese al escrito que le remitió el colectivo, en el que también se reclamaban unos plazos para la aplicación de la normativa por parte de los Concellos, que en caso de no ser cumplida, abriría las puertas a las sanciones, la respuesta de la Dirección Xeral de Comercio se ha limitado a dar traslado del documento a la Federación galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para que se adopten las medidas pertinentes y para que se cumpla la legislación vigente, una respuesta "muy tibia" para un problema que consideran extremadamente grave.

La situación de los vendedores de fruta en las inmediaciones de la carretera, sin ningún tipo de autorización municipal "es un claro caso de intrusismo alarmante, ya que se encuentran en sitios visibles sin que las autoridades municipales hagan nada por impedirlo pese a ser conscientes de que están ejerciendo una actividad económica y ocupando la vía pública para ello de forma ilegal".

Consideran desde el colectivo que el incumplimiento de la ley por parte de algunos Concellos, como sería el caso de Vilagarcía, "es una burla y escarnio para quien ejerce el comercio ambulante, cumpliendo con sus obligaciones y con sus impuestos, lo que les impide competir en igualdad con los vendedores intrusos". No en vano, solo en IVA, los ambulantes perfectamente identificados y que se ajustan a la legalidad abonan un 26,2% en este impuesto, lo que les encarece el producto para poder competir en igualdad de condiciones con los "intrusos".

Además del control del intrusismo en el sector también creen que es necesario mejorar el registro de los vendedores ambulantes y que este se encuentre homologado para toda Galicia. Esa unificación pasaría por diseñar una autorización municipal con un número bien visible asociado a su licencia para cada comerciante. Ese número permitiría identificarlo sin ningún tipo de problema en caso de reclamaciones y se trata de un sistema que ya se está utilizando con notable éxito en puntos de Galicia como Marín, Pontevedra o Redondela.

A las quejas de los ambulantes de Galicia se suman los de O Salnés, que ayer emitían un comunicado en el que afirmaban desconocer "la legalidad de los puestos de venta de fruta, así como que cumpliesen la normativa, algo en lo que seguimos teniendo serias dudas", alertando de la posible "presencia de vendedores jubilados y menores en esos puestos, algo que debería ser investigado de forma inmediata", exponen.