A los 6 millones de euros que Marconsa -ahora en fase de liquidación- debía a sus acreedores se han sumado otros 836.000 euros desde que la administradora judicial se hizo cargo del proceso. Así lo denunció ayer el responsable comarcal de CIG-Salnés, Xoán Xosé Bouzas, "Tupi", que acompañado de tres extrabajadores de la constructora, denunció alto y claro "la nefasta gestión" y "la dejadez" de la administradora. Prueba de ello -afirmaron- son los 10.000 euros al mes que sigue pagando al propietario de una nave sin ninguna actividad en concepto de alquiler, así como 4.300 euros mensuales por mantener el suministro eléctrico conectado. Mientras crece la deuda, 14 trabajadores continúan sin cobrar sus nóminas y pagas extras, que entre todos suman más de 200.000 euros pendientes de cobro.

Las esperanzas para recibir el dinero que les pertenece están depositadas en la venta de la maquinaria de Marconsa (coches, ordenadores, hormigoneras, material de oficina, etc.), valorada en 437.000 euros. En la subasta, la administradora judicial dijo que tenía una oferta más elevada que la que llegó al juzgado, por lo que el magistrado le concedió un plazo de diez días para comunicar a la sala ese supuesto comprador. Ese periodo expiró el miércoles, por lo que los exempleados de la constructora y asesores de CIG se trasladaron a los juzgados para interesarse por el asunto. Aunque no lo sabe con seguridad, Bouzas sospecha que la administradora no presentó nada, una conclusión a la que llegó tras hablar con los funcionarios judiciales.

Ante esta situación, CIG y extrabajadores piden al juzgado que "en el plazo más breve posible corte estas actuaciones y le adjudique la maquinaria a la empresa interesada". "Esperemos que sean ágiles", apuntó. Con todo, la plantilla teme que ahora esa compañía ya no esté interesada en el lote y por tanto se aleje la posibilidad de cobrar los salarios pendientes.

"La administradora concursal no tiene interés en solucionar el problema. No atiende a los trabajadores, que llevan muchos días concentrándose frente a su oficina en Pontevedra", recordó "Tupi". Mientras los exempleados están sin cobrar y la deuda de Marconsa continúa creciendo, la administradora "sigue cobrando sus honorarios". "Desde que el inicio del concurso recibió más de 28.000 euros, que figuran en el informe de las cuentas del 30 de abril de 2014. Sin embargo falta por incluir una mensualidad y una paga extra de los trabajadores. Es una discriminación", considera el sindicalista. CIG presentó escritos en el juzgado solicitando correcciones en el plan de liquidación, pero la respuesta es siempre la misma: en resumidas cuentas, que denuncien. "Meternos en un juicio civil o penal significan muchos años y mucho dinero", lamentan.