En la anterior edición del Workshop Atlántico sobre economía energética y ambiental, celebrada también en el Gran Hotel La Toja -año 2012-, una de las conclusiones a la que llegaron los expertos fue que los edificios que presenten una mejor eficiencia energética pueden y deben beneficiarse de importantes descuentos o exenciones fiscales, mientras que aquellos que consumen energía en exceso o se convierten de alguna forma en una amenaza para el medio ambiente deben verse sometidos a cargas tributarias especiales.

Se planteaba así la "renovación del marco fiscal español para atender a criterios de eficiencia energética", lo que supondría "un avance en el retraso que el país sufre en este ámbito y permitiría aligerar otras cargas impositivas al ciudadano". La clave, como se explicó entonces, era "aplicar impuestos con base en un sistema de calificación de los edificios similar a la de los electrodomésticos, lo que incentivaría las medidas de rehabilitación encaminadas a lograr la certificación A, que estaría exenta de tasas".

Llegó a decirse entonces que "hay otros impuestos claramente ineficientes, como los impuestos al trabajo, que podrían ser sustituidos por estas u otras nuevas fuentes de ingresos, en lo que se conoce como una reforma fiscal verde".