La asociación animalista Libera denuncia que en los montes de O Salnés todavía quedan caballos provistos de cepos, pexas o trancas, es decir, esos artilugios que algunos ganaderos les colocan en las patas para limitar su movimiento y que se considera un claro ejemplo de maltrato animal.

Los animalistas aluden a una denuncia en concreto por un caballo con trancas en sus patas en los montes del Concello de Meis, pero recuerdan que ésta es una actividad practicada desde hace años por algunos ganaderos en montes como Castrove y Xiabre. En este sentido, inciden en que se trata de una conducta tan repudiable como perseguida e incluso penada, ya que la utilización de los cepos se considera delito.

A modo de ejemplo, decir que la Libera y la Fondation Franz Weber "presentaron hace tan solo quince días nuevas denuncias en la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Pontevedra, por lo que consideran, y así refuta la Fiscalía Superior de Galicia, una conducta calificada con un posible delito de maltrato animal".

Lo que sucede es que "a pesar de que los ganaderos pueden ser condenados a penas de hasta un año de prisión por colocar cepos y otros artilugios en las patas de los animales, la práctica todavía sigue extendida en determinadas zonas", quizás a causa de "la falta de condenas y la nula implantación del preceptivo microchip identificador en el conjunto de la cabaña equina", pues esto "favorece la sensación de impunidad de las personas que siguen maltratando a los caballos".

A este respecto, en Libera cuestionan el papel de la Xunta de Galicia y le exigen mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley.

La asociación animalista citada argumenta que el gobierno autonómico puede estar "incumpliendo el Derecho Comunitario, al no poner los medios necesarios para proceder a la identificación efectiva de los caballos de la forma que obliga un reglamento de la Comisión Europea".

De ser así, advierten, la situación "puede acarrear la apertura de un expediente y la interposición de importantes sanciones al gobierno español como Estado miembro".

En Libera terminan diciendo que "las diligencias archivadas en estos últimos años por las Fiscalías delegadas advierten de que es precisamente esta falta de identificación la que impide la detención y puesta a disposición judicial de los autores del maltrato animal".