La decisión de los responsables de la Cofradía de Vilanova de reducir en un 15% los salarios de sus empleados no ha sentado nada bien entre los trabajadores, que llevan ya seis años de congelaciones en sus nóminas y uno en Expediente de Regulación de Empleo (ERE) suspensivo. La responsable de la Confederación Intersindical Galega, Rosa Abuin, apuntaba ayer que los trece trabajadores afectados no están dispuestos a aceptar la propuesta y van a acudir al juzgado de lo social para exigir la creación de un convenio colectivo y para que el pósito presente las cuentas en las que se basan para reducir el salario a los empleados.
Durante los quince días que duró la negociación entre las dos partes, Abuin explicó que "presentamos varias alternativas para evitar esta modificación sustancial en los derechos de los trabajadores, como el aplazamiento de las pagas extras o avanzar en la negociación de un ERE suspensivo, pero todas fueron rechazadas, argumentando que la Cofradía tiene intención de cobrar, de forma íntegra, todas las subvenciones". Ante esta postura, los trabajadores, pertenecientes a los departamentos de vigilancia, lonja y grúas, se niegan a aceptar la rebaja, sobre todo porque va a influir en su base de cotización en los próximos años.
Una de las cuestiones a las que se agarra la dirección del pósito para aplicar esta rebaja salarial es a la caída de ventas en lonja experimentada en los últimos años, llegando incluso a comprometerse la patrona mayor, Evangelina Lago, a que se recuperarían los salarios cuando la "rula" volviese a facturar más de tres millones de euros. Sin embargo Abuin insiste en que la facturación de la lonja "no es el total del volumen de negocio de la Cofradía, donde entran subvenciones y otros conceptos, con los que si se superan los tres millones de euros". Además, asegura que en algunas cuestiones las cuentas presentadas a los trabajadores para justificar la rebaja salarial no se ajustarían a las reales de la Cofradía en estos momentos.
Pelea en el juzgado
Insiste la sindicalista y los trabajadores en que "vamos a pelear en el juzgado, a través de una demanda, que se cree un convenio colectivo y que se cumplan las leyes en cuestiones como el despacho de las embarcaciones o el personal que viaja en ellas". La sindicalista carga tanto contra los responsables de la Cofradía, por no saber gestionar, como contra la Xunta, que "no ejerce el control suficiente sobre las cuentas de los pósitos y acostumbra a mirar hacia otro lado".
Tampoco considera Abuin a la patrona mayor con autoridad suficiente para aplicar este tipo de modificaciones laborales, toda vez que Lago no se va a presentar a las próximas elecciones. "Debería ser el nuevo cabildo el que negociase las condiciones laborales", explica. También deja claro que "se nos va a acusar a la CIG de reventar empresas, pero quizás se debe recordar que no hemos sido nosotros los que las gestionamos irresponsablemente".
