A principios del año 2011 los trabajadores y proveedores de Carson mostraban, a través de FARO, su preocupación por la situación de la empresa. Decían temer el cierre de la misma -que finalmente se produjo- y advertía de que la posible venta de dicha industria les impediría cobrar las deudas pendientes.
Ahí empezaba una larga odisea de encuentros y desencuentros, reuniones de índole político para buscar apoyos, reproches a la Administración -por no dar a la plantilla de Carson los mismos "mimos" que a otras industrias similares en problemas- y embargos, sobre todo muchos embargos. Aquel mismo año se concretó la apertura de un proceso de subasta judicial en el que se cifraba el coste de la conservera cambadesa y el chalé con finca en 2,5 millones de euros, aunque su valor de tasación superaba los 4 millones. En enero de 2012 el Juzgado de Cambados acogió el primero de los procesos de subasta, pero la ausencia de postores impidió la venta de Carson, a pesar del interés que habían mostrado ya diferentes empresas de Galicia y Portugal.
