Los integrantes de la Asociación Galega de Depuradoras (Agade) siguen todavía en estado de shock por lo ocurrido el pasado martes, cuando agentes de la Policía Autonómica e inspectores de Gardacostas entraban en una docena de naves de las rías de Arousa y Pontevedra. La sorpresa viene por las formas utilizadas en la inspección, no por el fondo de la misma, como reconoce el presidente de la entidad, Ramón Blanco, que aseguró ayer que toda la almeja decomisada posee su documentación preceptiva. "La almeja que se llevaron son 400 kilogramos que no alcanzaban la talla mínima para su comercialización, pero venía en los lotes adquiridos en las lonjas de Ferrol, A Illa y Cambados; tan solo 20 kilogramos eran de procedencia portuguesa, pero contaban con la documentación debida", explicaba Ramón Blanco tras la reunión mantenida ayer con sus asociados.

Toda ese bivalvo que no alcanzaba el tallaje mínimo "procedía de las lonjas, que son establecimientos oficiales autorizados por la Xunta y que, en teoría, deberían cumplir la ley, pero como llevamos treinta años denunciando, nos encontramos con que muchas veces los lotes que adquirimos no reúnen los requisitos mínimos para su comercialización en un importante porcentaje". En las depuradoras, el primer trabajo para realizar nada más llegar los lotes de las lonjas es la selección, separando la almeja válida de la que no se puede comercializar, por lo que algunos de los lotes intervenidos corresponden a los que ya habían sido separados, asegura Blanco.

En lo que respecta a la cerca de media tonelada que se decomisó a una furgoneta con matrícula portuguesa en la ciudad de Pontevedra, el presidente de Agade mantiene que se trata de producto que "viajaba con todas las guías necesarias, algo que nos aseguró el propio conductor del vehículo".

Los depuradores han pedido explicaciones a la Consellería do Mar por las formas utilizadas en la inspección. "Contactamos con el secretario xeral de Mar, Juan Maneiro, para pedir explicaciones por lo ocurrido y nos aseguró que su departamento no tenía nada que ver con ello, que las diligencias las había dictado un juzgado de Ribeira, algo de lo que nosotros seguimos sin tener constancia, e incluso, los inspectores nos llegaron a asegurar que se trataba de una actuación rutinaria", explica Blanco.

Precisamente, Blanco no entiende las formas utilizadas en las inspecciones porque "este sector nunca se ha opuesto a ellas y en lo ocurrido en las doce depuradoras afectadas se ha actuado como si nosotros escondiésemos algo, cuando nunca ha sido así". La principal preocupación del sector es precisamente la imagen que han podido causar estas inspecciones, cuando "todo lo que teníamos en el interior de las naves era producto perfectamente legal". En el interior de las diferentes naves en las que se registraron las inspecciones, Blanco quiere matizar que "se actuó como una inspección normal y en ningún momento hubo la tensión del inicio, cuando aparecieron en las puertas de las diferentes naves los agentes de la Policía Autonómica con furgones como si tuviésemos algo que esconder, en una actuación sobredimensionada a todas luces".

Mientras el sector depurador sigue sorprendido por lo ocurrido el pasado martes, desde la Consellería de Vicepresidencia se aseguraba ayer que la operación continuaba abierta, y que aunque no se descartaban nuevos registros, en la jornada de ayer los agentes de la Policía Autonómica y los inspectores de Gardacostas no visitaron ninguna nave. El operativo desarrollado el pasado martes afectó a una docena de depuradoras de moluscos ubicadas en los Concellos de Poio, Cambados, O Grove y Boiro, en las cuales se realizaron despliegues espectaculares que "lo único que consiguieron fue alarmar a la gente".