El TSXG anuló en 2006 la autorización a los depósitos para la distribución al por mayor, pero permitía el almacenamiento para uso propio y la distribución al por menor. Además, los magistrados también echaban de menos el estudio ambiental. Tres años después, el Supremo ratificó esa resolución, y llegó a declarar nulo el proceso administrativo. A raíz del fallo, la Xunta hizo el estudio de evaluación ambiental, que según Rubido terminó solo tres días antes de las últimas elecciones autonómicas, aunque se hizo público con posterioridad.
En la declaración se apunta que la actividad es "ambientalmente viable", y se ponen una serie de condiciones sobre los buques que deben realizar los transportes, la recogida de las aguas pluviales o la dotación de equipos anticontaminación. Xunta y empresa dicen que la sentencia del TSXG está cumplida con la aprobación de ese documento y la eliminación de la distribución al por mayor.
