"No tendría ningún inconveniente en declarar mi patrimonio, aunque de todos modos creo que no sirve de nada", afirma el alcalde de Cambados, Luis Aragunde. Además, el regidor de Cambados manifiesta que "hasta me parece de mal gusto que los datos se hagan públicos, porque afectan de manera directa a la vida privada de los familiares del político".

Aragunde plantea que, si se manda a los ayuntamientos seguir el ejemplo reciente de la Xunta o las diputaciones, las declaraciones deberían entregarse en el juzgado o en la Subdelegación del Gobierno. "Y si en estos organismos ven algún indicio de ilegalidad al cotejar las declaraciones, que se investigue".

Manuel Vázquez, de A Illa, también alude a la posibilidad de que la declaración afecte a los parientes. Hace tiempo se puso sobre la mesa la posibilidad de que este tipo de declaraciones se extendiesen hasta los familiares de quinto grado del político. "No me parece de recibo que el hecho de que una persona entre en política condicione a familiares con los que a lo mejor ni siquiera tiene relación". A otros regidores les parece de dudosa utilidad que en la declaración se incluya la parte que es del cónyuge.