La plataforma "STOP Desahucios Vilagarcía", igual que los demás colectivos de otras ciudades españolas, solicita hoy la suspensión "inmediata" de los desahucios que ya entraron en ejecución hipotecaria, alegando la "situación de emergencia y alarma social creada", así como la vulneración del derecho a una vivienda adecuada y del derecho de tutela judicial efectiva.

En el caso del colectivo vilagarciano, acudirá hoy a los tribunales de la capital arousana, concretamente al juzgado número 1 de Instrucción, para exigir la suspensión de un caso de un vecino de Catoira, que está al borde del desalojo. Según la información facilitada por la plataforma arousana, este catoirense solicitó un crédito de 60.000 euros en 1999, poniendo como aval su vivienda habitual, para pagarle a su expareja la mitad del valor del inmueble. Él trabajaba como autónomo y le adeuda a una entidad bancaria las cuotas por su ejercicio profesional desde octubre de 2011, al carecer de ingresos.

La situación empeoró todavía más hace unos días, cuando el banco se hizo con su casa en una subasta por unos 77.000 euros, una cantidad "bastante inferior" a su valor real, puesto que en el año 1999 rondaba los 120.000 euros, como se puede deducir de la cantidad que el catoirense entregó a su expareja por la mitad de la vivienda.

Los integrantes de "STOP Desahucios Vilagarcía" se muestran muy preocupados por la situación de este vecino, que ya ha padecido dos infartos. "La subasta de su vivienda y el fantasma del desalojo son un riesgo para su salud", expresa Mariano Ibáñez, de la plataforma. Con todo, confía en poder paralizar esta ejecución hipotecaria, puesto que el caso de este autónomo, según la plataforma, entraría dentro de las condiciones que fija el nuevo decreto aprobado por el Gobierno.

La plataforma vilagarciana considera "insuficiente" la nueva norma del ejecutivo relativa a los desahucios, puesto que solo va a atender algunos casos de desalojos. "Otros quedarán sin solución. Lo peor es que no tiene efecto retroactivo, por lo que los de ejecuciones anteriores que se quedaron sin casa y manteniendo la deuda con el banco así seguirán", expone Mariano Ibáñez.

"STOP Desahucios" critica que el decreto "entra en un mercadeo y regateo de los casos que se van a tratar. Está pensado por una parte como un lavado de cara simbólico y por la otra para no dañar a las entidades financieras en detrimento de los afectados".

El decreto ya entró en vigor con su publicación en el BOE. La norma prohibe la ejecución de desahucios hasta el 14 de noviembre de 2014 y se beneficiarán de esta moratoria los procesos ya iniciados. Las familias no pueden ingresar más de 19.170,39 euros al año y deben cumplir además alguno de estos requisitos: ser familia numerosa, tener un hijo menor de 3 años, formar una familia monoparental con dos hijos a cargo, que la hipoteca esté a nombre de un parado que no cobre ningún subsidio, que alguno de los miembros de la familia tenga una discapacidad superior al 33% o aquellos hogares con una víctima de violencia de género.