Inproin trata de demostrar que no existe parcelación en la urbanización de Raeiros

Como en los todos los recursos y reclamaciones anteriores –no hay que olvidar que el litigio por este complejo residencial de lujo arranca hace más de una década–, la firma promotora trata de demostrar que no existió parcelación de la finca matriz. Esa segregación, conocida como división horizontal, es el origen de la denuncia, del expediente abierto por la Xunta en 2007 y de la orden de derribo dictada hace un mes.

Cabe reiterar que en 1992 se concedió licencia para apartotel con 52 inmuebles, y se levantó con todos los informes y licencias a su favor. Pero en el suelo rústico que ocupa están absolutamente prohibidas las parcelaciones o segregaciones de la finca matriz.

Así las cosas, mientras los denunciantes sostienen que se aprovechó la licencia de apartotel para poder construir en suelo rústico –por otra parte sería imposible– y después vender el terreno original ya partido o parcelado en 52 trozos, correspondientes a otros tantos propietarios de chalés, Inproin se defiende diciendo que esos compradores no serían propietarios individuales propiamente dichos, sino socios y por tanto miembros de la sociedad única que gestiona el apartotel. Y esto es tanto como decir que es una edificación única y que, por tanto, no existió la división horizontal. Para despejar dudas Inproin S.L. recuerda, como se explicó ayer, que en febrero de 2007, junto con los demás propietarios del apartotel –los compradores de cada apartamento– constituyeron la Sociedad Complejo Turístico Raeiros SCP.

A la espera de acontecimientos, la promotora recalca que "no existe ninguna resolución firme que afecte al Complejo Turístico Raeiros", a lo que añade que todo el proceso está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo y que "el uso de la edificación se encuentra amparado por las correspondientes licencias, autorizaciones y permisos, y se ajusta a los mismos, como ya se ha acreditado reiteradamente".

En consecuencia, Inproin Galicia S.L. recalca que "la discusión no es la legalidad o ilegalidad de las obras, sino si la división horizontal supone la existencia o no de una parcelación urbanística que rechazamos de plano, conforme a una consolidada jurisprudencia tanto de la Dirección General de los Registros y del Notariado como del Tribunal Supremo".

No opina lo mismo el alcalde, José Antonio Cacabelos, quien insiste en denunciar que sí existió parcelación y que vuelve a pedir a la Xunta que ejecute la demolición ordenada, "pues nuestro Concello no tiene recursos materiales ni económicos para afrontar el derribo, independientemente de que después se cobraran los gastos al promotor, que estaría por ver".

Apostilla el regidor que "el suelo rústico que ocupa la urbanización es competencia de la Xunta, y también fue el gobierno autonómico el que dio la licencia, por lo que ahora debe derribar lo construido".

En cualquier caso, "con ayuda de los equipos técnicos y jurídicos del Concello, y bajo coordinación de Carlos Álvarez –primer teniente de alcalde y portavoz local del BNG, que fue el grupo que hace años denunció la urbanización– seguimos recopilando toda la información relacionada con estos chalés, los cuales empezaron a ejecutarse durante el mandato del anterior alcalde", el conservador Miguel Pérez García.

Cacabelos se felicita por haber desatendido las solicitudes de licencia de actividad que al parecer le formuló Inproin desde que llegó a la alcaldía, en 2007. "Hablaron conmigo para darse de alta como apartotel –manifiesta–, pero les respondí que hay demasiados problemas, que existe el expediente abierto por la Xunta del bipartito y que hasta aclararlo todo no vamos a darle esa autorización".