El rocambolesco y polémico destino del edificio Lara, que preside la plaza de Galicia de Vilagarcía, vuelve a estar de actualidad tras la vista celebrada ayer en el Juzgado de Instrucción, número dos, cuya titular ha fijado fecha para la celebración de juicio ordinario, lo que podría conducir a la conclusión del inmueble casi treinta años después de su inicio.
El edificio comenzó a construirse en su día con la finalidad de ser destinado a establecimiento hostelero, una idea que por diversos avatares se truncó a la familiar Sociedad Anónima Hotel Residencia Lara.
Al frustrase esta idea, el inmueble terminó convirtiéndose en medio edificio de viviendas, pues muchas de sus plantas, siguen sin uso por falta de comprador. Sólo los bajos en los que aloja una entidad bancaria y alguno de las plantas superiores están ocupadas por despachos profesionales o por domicilios.
La demanda en la que se basa la juez para fijar la vista es especialmente farragosa ya que resultan implicadas en la operación importantes cargos, especialmente banqueros y políticos que habrían urdido una operación que impidió el desarrollo del edificio como se pretendía en el proyecto original.
En la demanda se expone que la sucursal de una entidad crediticia que opera en Vilagarcía "ejecutó de forma supuestamente irregular un embargo sobre un aval bancario de la misma entidad".
Este aval fuera depositado por los propietarios del edificio Lara como compromiso social con el entonces alcalde de la localidad, José Recuna, a favor del Ayuntamiento de Vilagarcía como garantía única y con el propósito de adquirir "dos viviendas solicitadas por el alcalde para dar cobijo a familias, en aquel momento, más que necesitadas".
También de la misma demanda se extrae que en el año 1998, mediante ese acto financiero "y sin conocimiento de los propietarios", uno de los denunciados, responsable de la sucursal "se otorgó la propiedad de la totalidad de la planta tercera y los dos sótanos del Edificio Lara".
Según se expone en la demanda, la superficie total de estos inmuebles construidos es de 2.400 metos cuadrados, valorados en aquel entonces en nada menos que seiscientos millones de pesetas (3,6 millones de euros). Dicha propiedad la habría obtenido por el precio singular de dos viviendas sociales, es decir 38 millones de pesetas.
Los promotores del inmueble dieron a la juez todo tipo de documentación acerca de los hechos, pues su intención es la de recuperar toda la propiedad.
