El trabajo policial y judicial contra el narcotráfico a gran escala tiene dos ejes fundamentales: impedir la entrada de la droga y detener a los responsables de los cargamentos; e intervenir las empresas y bienes patrimoniales que los narcos emplean como "tapaderas" y gracias a los cuales consiguen "lavar" el dinero procedente de la droga.

La detención, a principios de esta semana, de Roberto Leiro Santos, de su mujer, su hija, una cuñada y sus dos suegros, ha sido la última operación llevada a cabo hasta la fecha contra las tramas del "blanqueo", y las asociaciones antidroga de la comarca la han aplaudido efusivamente.

"Al narcotraficante le duele mucho más que le vayan al patrimonio que pasar una temporada en la cárcel", afirma la coordinadora de Érguete-O Grove, Carmen Cacabelos. "A pesar de estar en la cárcel muchas veces el narcotraficante mantiene su infraestructura y sigue con sus negocios. Además sabe que su patrimonio está ahí y que podrá disfrutarlo al cabo de ocho o diez años. Eso es algo que genera mucha frustración social, y hay que evitarlo con este tipo de operaciones contra el blanqueo", añade Cacabelos.

La presidenta de la Fundación Érguete, Carmen Avendaño, también entiende que las investigaciones patrimoniales son "lo que más duele" a los narcotraficantes. "Valoramos muy positivamente esta acción y tenemos que felicitar a los responsables de la investigación", en referencia a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía Antidroga y al Juzgado número 1 de Vilagarcía, que coordinaron la operación contra Roberto Leiro Santos y su familia. "En estos casos, gran parte del dinero ya está metido en la última fase del lavado y ya no se podrá llegar a él, pero aún así este tipo de acciones son muy importantes", agregó Carmen Avendaño.

Desde Érguete recuerdan que llevan años pidiendo al Estado -sobre todo al Ministerio de Hacienda- que realice más operaciones contra el blanqueo, para cercenar la base sobre la que se sustentan algunos clanes, que se quedarían sin los recursos económicos suficientes para financiar nuevos alijos.

En opinión de Carmen Cacabelos son también necesarias para "disuadir" a los jóvenes tentados a traficar con droga. Por todo ello, las asociaciones antidroga coinciden en que el Estado debería llevar a cabo más redadas contra los cimientos económicos de las bandas de narcotraficantes, formar a fondo a los funcionarios responsables de la investigación e integrarlos en grupos especializados.

La "Operación Job" se desarrolló esta semana y culminó con seis detenidos, que han quedado en libertad con cargos. Se les imputa disponer de una red de negocios inmobiliarios y de sociedades (por un valor de 900.000 euros) que utilizarían para blanquear dinero. Entre estos bienes intervenidos figuran un lujoso chalé de Cornazo, todavía en construcción, la tienda de deportes "Global Sport", varias cuentas bancarias y pisos -uno de ellos estaba a nombre de una hija de Leiro- y la casa en la que ahora mismo vive la familia. También se han embargado preventivamente varias cuentas bancarias y se han hecho anotaciones sobre los bienes de los registros mercantiles.

De todos modos, la familia podrá seguir disfrutando de sus domicilios y bienes, sin poder venderlos, hasta que se celebre el juicio por el presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y se dicte sentencia.

Roberto Leiro Santos fue condenado por un alijo de hachís incautado en 1996, y también se le imputa ser uno de los cabecillas de la banda de narcos que quiso introducir 7.000 kilos de cocaína en el "South Sea".