El anteproyecto de la nueva Lei de Pesca de Galicia que redacta la consellería con el beneplácito de una parte de los mejilloneros "puede mejorarse", para garantizar en su articulado que las bateas seguirán en manos de sus actuales titulares. Así lo avalan diversos informes jurídicos, y así lo atestiguan tanto el PP -ya lo hizo en el Parlamento- como los productores contrarios al borrador, que conforman un grupo cada vez más nutrido que se está organizando en las rías de Arousa, Pontevedra, Vigo, Ares-Betanzos y Muros-Noia para hacer valer sus reivindicaciones.

Sostienen, también en base a los informes de los juristas, que mejorar el articulado pasa por evitar que los concursos públicos sean obligatorios para renovar las concesiones bateeiras caducadas, pues se teme que esa convocatoria favorezca la entrada en el sector de personas ajenas al mismo e incluso desencadene fuertes guerras internas, pues un bateeiro podría usar el concurso para quedarse el vivero de su vecino.

Abogados y catedráticos aseguran que convocar el concurso o no es una potestad del legislador, pero no una obligación.

No obstante, aún manteniéndose en la ley la obligatoriedad del concurso, hay otra vía de escape, que será a partir de ahora el eje fundamental de las negociaciones en pro de la modificación del borrador. Se trata de "poner los contadores a cero", es decir, que el período de 30 años de concesión válido para cada parque de cultivo empiece a contar a partir de la aprobación definitiva de la ley, lo cual supone que cada bateeiro tendría garantizado su trabajo, y su batea, tres décadas más.

De lo contrario, si la ley se aplicara sin poner el contador a cero, el titular de una concesión a punto de caducar, por ejemplo dentro de cinco años, se encontraría "totalmente hipotecado" y con "las manos atadas", pues en caso de tener que mejorar su batea o incluso adquirir un nuevo barco auxiliar difícilmente se atrevería a invertir en ello ante el temor a perderlo todo llegado el fin de la concesión.

Así lo plantean mejilloneros integrados en entidades como Virxe do Rosario (Vilaxoán), Federación Arosa y Norte, San Sardurniño (Cambados), Acuimega (O Grove), Rianosa (Moaña, Cangas y Vilanova) y Asprocom, pero también miembros de agrupaciones partidarias de la ley que redacta la Xunta, pero que ahora se desmarcan del posicionamiento oficialista, convencidos de que este articulado "hipoteca el futuro" del sector y "lo arruina".

Todos ellos insisten, y creen posible conseguirlo "sólo con un poco de voluntad política", en que es fundamental poner los contadores a cero, y en base a ello inician una nueva etapa de negociación en la cual se entrevistarán con todos los grupos políticos del arco parlamentario, pedirán a la conselleira Carmen Gallego "que recapacite" y, en definitiva, ejercerán acciones para demostrar que la ley "aún puede mejorarse".

Con la apertura de esta etapa los críticos quieren demostrar también que aquella primera comisión de mejilloneros que decía representar al 90% de los parques y que avalaba la propuesta de la consellería, ya no representa a la mayoría "y se equivocó rotundamente, mintiendo a todo el sector y a sus propios socios".

Así quedó puesto de manifiesto en las reuniones celebradas en los dos últimos días, cuando los detractores de la nueva ley quisieron dejar claro que "no son sólo la Asociación Virxe do Rosario -que inició este movimiento- y cuatro amigos". Lo cierto es que cada vez son más, mientras que la comisión negociadora inicial sigue perdiendo adeptos, se enfrenta cada día que pasa a mayores problemas internos y, en definitiva, está siendo incapaz de convencer al sector de que su apoyo a la consellería es el mejor modo de conseguir las máximas garantías de futuro.

Por contra, los detractores de la nueva legislación sostienen que no van en contra de la consellería, a la que piden "comprensión", ni "tampoco se trata de una guerra" con la primera comisión, a la que dicen que "rectificar es de sabios y no pasa nada por dar marcha atrás... si de verdad se persigue lo mejor para todos".