Urbanismo
Vilaboa pide corregir el deslinde que afecta a 262 viviendas en la costa
El Concello sostiene que seis núcleos ya reunían condiciones urbanas antes de la Ley de Costas y reclama revisar la delimitación aprobada en 1997

Plano que muestra la superficie desafectada (rayada en amarillo), por el límite de la rectificación propuesta. / FdV
El Concello de Vilaboa ha iniciado una nueva vía para intentar resolver la situación urbanística de 262 viviendas de su litoral. El gobierno municipal ha presentado ante la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra y la Subdelegación del Gobierno la documentación con la que solicita rectificar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre aprobado en 1997.
La petición pretende que aquella delimitación se adapte a la realidad urbanística existente en 1988, seis meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Concello defiende que los núcleos de Paredes, Larache, O Muíño, Riomaior, Curra y Uveiras ya reunían entonces las condiciones necesarias para ser considerados suelo urbano o asimilado, una circunstancia que, según sostiene, no fue tenida en cuenta al establecerse posteriormente el deslinde.
El principal respaldo de la reclamación es un informe elaborado por el arquitecto municipal. El documento señala que estos asentamientos disponían en 1988 de acceso rodado, suministro eléctrico, sistemas de evacuación de aguas residuales y abastecimiento de agua, bien mediante redes comunitarias o a través de soluciones individuales. El Concello añade como prueba las fotografías aéreas del Vuelo de Costas de 1989, que mostrarían unos núcleos ya consolidados y conectados por diferentes vías.
La delimitación afecta, según los datos municipales, a 262 viviendas construidas con licencia. De ellas, 169 son anteriores a la Ley de Costas y otras 93 fueron levantadas posteriormente al amparo del planeamiento municipal que se encontraba vigente. La situación ha desembocado a lo largo de los años en inseguridad jurídica y órdenes de demolición, además del riesgo de posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el propio Concello.
Para tratar de desbloquear el problema, Vilaboa fundamenta su solicitud en el artículo 44.5 del Reglamento General de Costas. La normativa contempla que, cuando se modifiquen las zonas de servidumbre de tránsito o protección, pueda tramitarse una rectificación del deslinde existente sin necesidad de iniciar uno completamente nuevo. El deslinde al que ahora se refiere el Concello fue aprobado por orden ministerial el 21 de octubre de 1997 y comprendía alrededor de 14,6 kilómetros de costa entre Punta de San Adrián y el límite municipal con Pontevedra.
No sería, además, la primera modificación posterior de aquella delimitación. En diciembre de 2025, la Dirección General de la Costa y el Mar aprobó la rectificación de un tramo de unos 253 metros en Riomaior para excluir una parcela de aproximadamente 31.152 metros cuadrados que había sido previamente desafectada del dominio público marítimo-terrestre. Se trató de un procedimiento con una causa diferente a la que ahora plantea el Concello, pero que supuso modificar sobre el terreno el deslinde aprobado en 1997.
La nueva reclamación es el resultado, según el gobierno local, de años de contactos con las diferentes administraciones. El Concello asegura haber mantenido reuniones técnicas con Urbanismo de la Xunta, encuentros con la Consellería de Medio Ambiente y conversaciones con Costas tanto en Pontevedra como en Madrid. El ejecutivo municipal reconoce la dificultad del procedimiento, pero considera la rectificación planteada como la vía con mayores posibilidades para ofrecer seguridad jurídica a las familias afectadas y evitar que viviendas levantadas con licencia continúen bajo la amenaza de derribo.
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