Fin a cinco años de batalla judicial de una familia viguesa con el Sergas: «Todo esto lo hice por la memoria de mi marido»

Cinco años de reclamaciones, informes médicos, peritos y procedimientos judiciales llegan a su fin para Isabel García García, viuda de Felipe Antonio Collazo Sánchez, vigués fallecido a los 62 años después de un prolongado ingreso hospitalario que terminó en la UCI del Hospital Montecelo. Una sentencia obliga al Sergas a indemnizar a la familia con una cantidad que ella prefiere no hacer pública y que deberá repartirse entre la viuda y el único hijo del matrimonio.

La resolución no considera como daño indemnizable directamente el fallecimiento del paciente, sino la denominada pérdida de oportunidad, es decir, la incertidumbre sobre cuál habría sido la evolución de Collazo Sánchez si la asistencia sanitaria se hubiese desarrollado bajo otros parámetros. La propia sentencia señala que esa incertidumbre constituye el concepto indemnizable y lo fija atendiendo a la edad del paciente, las infecciones concurrentes y sus patologías respiratorias previas.

Felipe Antonio Collazo Sánchez padecía una enfermedad autoinmune vinculada al síndrome de Sjögren y al lupus que había afectado especialmente a sus pulmones. Recibía un tratamiento periódico que, según relata su viuda, quedó interrumpido durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. Su estado de salud fue deteriorándose y comenzaron a sucederse las infecciones y los ingresos hospitalarios.

Fue en el verano de 2020, en pleno confinamiento, cuando su situación se agravó definitivamente. Después de varios ingresos y de pasar unos días en casa, tuvo que regresar al hospital debido a importantes dificultades respiratorias y terminó ingresado en la UCI de Montecelo. Allí, sostiene la familia, «contrajo la bacteria que acabaría dando origen a la reclamación judicial».

«Lo que se denunció fue por la bacteria», recalca Isabel García. Su marido permaneció ingresado hasta el 12 de octubre de 2020, día en el que falleció. Durante buena parte de aquel periodo su esposa ni siquiera pudo acompañarlo debido a las restricciones sanitarias de la pandemia y a que ella misma había contraído el covid. «Solo pude verlo en una ocasión cuando ya estaba intubado», recuerda a FARO con tristeza.

Tres días antes de su muerte, asegura, los médicos le habían comunicado «que parecía evolucionar favorablemente». Poco después volvió a empeorar. Para la familia, la infección adquirida durante su estancia en cuidados intensivos fue el elemento decisivo para iniciar la batalla judicial.

Varios años de procedimiento

Isabel García comenzó a buscar asesoramiento legal en enero de 2021. Primero presentó una reclamación ante la Administración que, según explica, quedó sin respuesta, lo que dio paso posteriormente a la vía contencioso-administrativa. A partir de ahí se sucedieron los informes periciales, las valoraciones de especialistas y el procedimiento judicial.

La reclamación inicial superaba los 190.000 euros, aunque la cantidad finalmente reconocida quedó muy lejos de esa cifra. Además, la sentencia no impone las costas del procedimiento. Según relata García, «a la cantidad reconocida se añadieron posteriormente los intereses correspondientes».

La resolución tiene especialmente en cuenta el delicado estado previo de Felipe Antonio Collazo. Su enfermedad pulmonar intersticial y el resto de patologías respiratorias elevaban considerablemente el riesgo de que cualquier nueva infección desencadenase una enfermedad grave. Ese escenario lleva al tribunal a reducir la cuantía y a situar el caso en el terreno de la pérdida de oportunidad, y no en una indemnización íntegra por el fallecimiento.

"Solo pude verlo en una ocasión en la UCI, cuando ya estaba intubado"

Para su viuda, sin embargo, el procedimiento nunca fue principalmente una cuestión económica. Entre honorarios de abogado, informes periciales y desplazamientos de especialistas, explica, una parte importante de la indemnización se ha destinado a sufragar los gastos acumulados durante estos años.

«Al final ya no vas por el dinero», afirma. Su decisión de acudir a los tribunales respondió, sobre todo, a la necesidad de obtener una respuesta por lo ocurrido con su marido. «Yo al final lo hice por él, porque se lo merecía», resume.

Un alivio personal

La finalización del procedimiento supone también un alivio personal después de años pendiente de escritos, resoluciones y llamadas al abogado. «Teníamos que cerrar esto», reconoce Isabel García. Cada nueva fecha judicial, cada notificación y cada retraso prolongaban, asegura, el impacto emocional de lo ocurrido. Su hijo, de 46 años, la apoyó durante todo el proceso. La cuantía reconocida corresponde a ambos.

La experiencia también le ha dejado una visión crítica de los conocidos problemas de la sanidad pública, especialmente de la falta de personal que asegura haber percibido durante otros ingresos hospitalarios. García reclama «más medios humanos para que las instalaciones sanitarias puedan funcionar con garantías y para evitar que la sobrecarga de los profesionales termine repercutiendo sobre los pacientes».

Ahora, después de cinco años, lo que busca es poner punto final al procedimiento que comenzó pocos meses después de perder a su marido.

«Hay gente que cuando empecé todo esto me decía: ¿Para qué lo haces? No vale para nada», recuerda. Ella decidió continuar porque entendía que era la forma de “defender la memoria de Felipe”.

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