Sequía
El precio del agua, principal obstáculo para mancomunar la gestión del Lérez
La declaración de alerta por el escaso caudal del río reabre el debate para crear un ente supramunicipal, pero alguno lo cuestiona porque le saldría más caro que ahora

El río Lérez sigue bajo mínimos. / Gustavo Santos
Un total de 20 municipios vinculados al Lérez, entre ellos Pontevedra, Marín, Poio y Sanxenxo, todos ellos en la ría, están desde el martes en alerta por sequía, que prohibe usar agua potable para llenar piscinas, lavar coches o regar jardines. El PP denunció ayer que el Concello de Pontevedra aún mantenía, pese a ello, fuentes y riegos en funcionamiento, algo que ocurre en todos los municipios, con el caudal del río por debajo de 0,7 metros cúbicos por segundo.
Este problema, que no parece resolverse a corto plazo, ha reabierto un viejo debate: el de crear una mancomunidad de municipios abastecidos por el Lérez que gestione en común una concesión que ahora es de titularidad de Pontevedra. Muchos han sido los intentos en el pasado para crear este ente supramunicipal, pero todos chocan con el mismo obstáculo, el precio del metro cúbico, ya que con el nuevo sistema saldría a alguno más caro que ahora.
Pontevedra ya apuntó que no se opondría a ese ente que quiere la Xunta siempre que no encarezca el servicio para los vecinos. Y todo apunta a que sí habría ese aumento. Hace un año se abrió un pleito entre Pontevedra y Ponte Caldelas por la factura pendiente del polígono de A Reigosa. El vecino municipio presentó entonces una propuesta al capitalino que proponía situar el metro cúbico en 0,22 euros por metro cúbico, frente al 1,06 fijado entonces. Para ello esgrimía «el estudio elaborado por Augas de Galicia en el marco de la posible mancomunidad de los concellos abastecidos por el Río Lérez». Pero esa cifra de 0,22 euros que pagarían todos, «está por encima de lo que pagan otros municipios a los que abastece Pontevedra, como Poio (0,183) o Sanxenxo (0,14)», según los datos que el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, manejaba entonces. Y aquí radica el freno a la mancomunidad en la que insiste la Xunta.
En 2023 la Xunta pactó con siete municipios, entre ellos la capital, la creación de esta entidad supramunicipal que asumiría la gestión compartida del abastecimiento el alta (denominación de la red general y que abastece a los municipios) y se encargaría también de fijar los precios. Pontevedra dejaría así de tener la exclusiva sobre el agua del Lérez. Pero desde entonces no hay avances. En aquella reunión, municipios como Poio y Sanxenxo expresaron su satisfacción por el acuerdo. No obstante, las discrepancias están en el precio final del metro cúbico, que a día de hoy fija Pontevedra desde 2004, salvo en el caso de Sanxenxo, que paga bastante menos que los demás ya que recurrió aquella tasa en los tribunales y en 2007 el TSXG le dio la razón en parte en una sentencia que decretaba que Pontevedra no podría fijar unilateralmente esas tarifas.
Con el consorcio que se quiere crear, la tasa podría ser aún más alta de la que cobra ahora Pontevedra y Sanxenxo tendrá que pagar lo mismo que los demás. Ahí podría radicar una de las razones del retraso del proyecto.
Lo que se pactó en julio de 2023 fue que los concellos del área de Pontevedra pondrían en marcha un ente supramunicipal para gestionar el abastecimiento de agua y tramitarán la concesión que autorice y fijar las condiciones de las captaciones de los ríos Lérez y Rons y en general la explotación del sistema. Fue una iniciativa de la entonces conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez con los municipios de Pontevedra, Sanxenxo, Poio, Marín, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas. Vázquez decía entonces que era «necesario cumplir el mandato legal y también moral de regularizar la situación de la captación», que a día de hoy sería «alegal.
Pero esa «alegalidad» aún se mantiene y solo se resolvería con la creación de esa entidad supramunicipal que todavía no existe cuando se pactó entonces que en octubre de 2023 se iniciarían «los trámites para regularizar la situación» . Incluso se apuntó que el proyecto contaría con el acompañamiento de la Xunta y de Acuaes para constituir esa nueva figura «para una gestión más eficiente del agua» que evite problemas urbanísticos y se anticipe a escenarios de sequía.
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