Más de 80 afectados por la «inesperada e injusta» suspensión de la venta de las viviendas militares a sus inquilinos en Pontevedra

Los socialistas de Pontevedra han comprometido su «mediación y presión política» para lograr que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa (Invied) reconsidere su «inesperada e injusta» decisión de suspender la venta de los inmuebles militares enajenables existentes en la ciudad a sus actuales inquilinos.

Son más de 80 los afectados que residen en estas viviendas, como las ubicadas en General Rubín, que descubrieron hace unos meses que, en contra de lo ocurrido en otras ciudades, vieron como Defensa suspendía esas ventas debido al largo retraso en la aprobación del convenio urbanístico entre el Concello y el Invied pare la regularización urbanística de esos espacios.

«Cuando se abría la puerta a normalizar nuestra situación, el instituto de Defensa acordó unilateralmente en noviembre de 2025 suspender la venta de las viviendas enajenables». Añaden que «esta decisión nos sitúa en un grave e inadmisible agravio comparativo respecto al resto del territorio nacional, atrapándonos en un limbo legal y provocándonos severos perjuicios económicos».

Entre otras medidas, el portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, anunció su intención de llevar al pleno municipal de septiembre una proposición con el objetivo de impulsar «un acuerdo institucional» para exigirle al departamento que dirige Margarita Robles que corrija este «agravio comparativo» y les ofrezca a los perjudicados «la posibilidad de adquirir las viviendas en propiedad, tal y como el Invied hizo en el resto de España, en aplicación de la legislación del año 2000, con miles de personas que estaban en la misma situación».

Además de esta moción, el Partido Socialista de Pontevedra buscará que tanto la Delegación del Gobierno como la Subdelegación y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ejerzan su mediación «para que estos vecinos cuenten con la información y las explicaciones que se les deben y, sobre todo, para que una demanda tan razonable sea escuchada». También la diputada socialista pontevedresa Marica Adrio se ha ofrecido a realizar las oportunas gestiones para intentar que los usuarios de las viviendas tengan la oportunidad que se les negó.

Estos compromisos fueron adquiridos en el transcurso de una reunión mantenida con varios miembros de una plataforma de afectados recién constituida y que representa a más de 80 usuarios de pisos ubicados entre las calles General Rubín, Manuel del Palacio y Rosalía de Castro. A la reunión con los portavoces del colectivo, que encabeza el militar retirado José María Fernández, asistieron Iván Puentes, Marica Adrio y la diputada autonómica Paloma Castro, así como la secretaria de Política Municipal del PSOE pontevedrés, Patricia Vilán.

Según los afectados, el perjuicio que padecen es el resultado del dilatado retraso administrativo que demoró hasta el año 2020, tras una década estancado, la firma definitiva del convenio urbanístico entre el Concello y el Invied para recalificar los terrenos Defensa e integrarlos en los barrios de Campolongo y Mollavao, abriendo al uso público unos 14.000 metros cuadrados e impulsando la construcción de nuevos edificios de viviendas.

Los afectados defienden que una de las cláusulas de este convenio consistía precisamente en que se facilitaría la venta de las viejas viviendas militares a sus inquilinos, pero en contra de lo que esperaban durante tanto tiempo, la respuesta a las instancias que presentaron llegó en noviembre de 2025 como un jarro de agua fría: el Ministerio les comunicaba su decisión de suspender la venta de estos pisos.

Los miembros de la plataforma ya han presentado un recurso de reposición ante el Invied, como paso previo a la vía contencioso-administrativa, y el PSOE pontevedrés discrepa de sus compañeros de partido en Madrid. Iván Puentes asegura que estos afectados «tienen toda la razón del mundo en lo que reclaman», ya que «al margen del agravio comparativo que se produjo con respecto a otras ciudades de España, como Madrid, en las que las viviendas fueron vendidas a los usuarios legales con mucha celeridad, hubo un enorme perjuicio económico y humano».

«Tras las demoras administrativas y las promesas incumplidas nos encontramos con planes de vida truncados y con unos ciudadanos que efectuaron inversiones en sus viviendas en reformas o mejoras de eficiencia energética, convencidos de que podían confiar en la Administración y de que, firmado el convenio, podrían ejercer su derecho a adquirir las viviendas», subrayó Puentes.

El portavoz del PSOE espera que la mediación política y la presión institucional «sirvan de altavoz e inyecten más fuerza a la reivindicación de la plataforma de afectados, llevando al Ministerio de Defensa a reconsiderar su decisión. Apelamos al sentido común de un Ministerio y de una ministra de la que nos consta que siempre está dispuesta a escuchar», añadió.

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