Pontevedra reúne solo el 6% de la oferta de suelo industrial de la Xunta en Galicia

En marzo pasado, el polígono industrial de Barro, que gestiona la Diputación, alcanzaba el 100% de ocupación 20 años después de su construcción. Con sus 74 parcelas adjudicadas y 32 empresas instaladas, el único espacio empresarial disponible en el entorno de Pontevedra es el parque de A Reigosa, en Ponte Caldelas, donde solo hay siete solares en venta. Y es que la de Pontevedra es, de lejos, la provincia gallega con menos oferta de suelo de este tipo por parte de la Xunta.

El ente público Xestur gestiona una treintena de polígonos empresariales en Galicia con suelo aún disponible y según la información que ofrece en su página web, en toda la comunidad, ahora cuenta con 360 parcelas industriales en venta, pero la inmensa mayoría se localiza en A Coruña y Lugo, más del 80% del total.

En la provincia pontevedresa son tres los parques con algún terreno disponible. Entre ellos figura el de A Reigosa, con siete parcelas, Arbo con 15 y Lalín 2000 con solo uno. Son 23 en total, el 6% de la oferta disponible en toda Galicia.

En A Coruña son 176 los terrenos aún sin dueño, el 49% del total, en especial en el polígono de Arteixo, mientras que Lugo aparece en segundo lugar con 114 solares disponibles, el 32% de toda la oferta gallega. As Gándaras, Monterroso, Muimenta y el Porto Seco de Monforte son, en esta provincia, los menos ocupados. En Ourense son 47 los solares libres, el 13% del total, en especial en Xinzo de Limia.

Durante años, la compra de suelo de este tipo permaneció estancado debido a los efectos de la crisis de hace más de tres lustros, pero en los últimos tiempos se ha reactivado esta demanda, lo que ha llevado a la Xunta a desempolvar proyectos aparcados, como la creación del polígono de Fragamoreira, en Poio, o la ampliación de los de O Campiño, en Pontevedra, y de O Pousadoiro, entre Caldas y Vilagarcía. También figura la reconversión de la central de transportes de Ponte Caldelas, ejecutada hace años pero aún vacía.

Estos cuatro planes suman unos 59 millones de euros, en un primer cálculo que previsiblemente podría aumentar, y la creación de 780.000 metros cuadrados, si bien no todos serían de parcelas empresariales, ya que esa superficie incluye viales, zonas verdes y otras cesiones. No obstante, ninguno estaría a corto o medio plazo ye que s apunta más allá de 2030 para poder utilizarse.

El parque de Fragamoreira supone urbanizar algo más de 37 hectáreas a orillas de la VG-4.8, el acceso norte de Poio, y cuya tramitación urbanística ya ha sido activada por Xestión do Solo de Galicia (Xestur). Será necesario ocupar 780 fincas y otros bienes, según la relación ya expuesta al público para urbanizar 373.416 metros cuadrados. La Xunta estima en 29,8 millones de euros el coste de esos trabajos. Aunque se planifica con una superficie total de 374.229 metros cuadrados, solo la mitad tendría uso industrial ya que 170.000 metros se reservan para zonas verdes y casi 28.000 a red viaria y aparcamientos, según el Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose).

Otro plan en marcha, aunque también sin un calendario próximo, es la ampliación de O Pousadoiro, el polígono que comparten Caldas y Vilagarcía, para a duplicar su superficie actual. La Xunta asumió su desarrollo después de que los Concellos de Vilagarcía y Caldas de Reis se asociaran con el Consorcio Zona Franca de Vigo para impulsar el proyecto. Finalmente es el titular de la instalación, la entidad pública Xestión do Solo de Galicia (Xestur), quien diseña un polígono de 212.254 metros cuadrados más, de los que saldría una superficie neta de 127.300 metros cuadrados.

Unos derechos mineros reducen a la mitad la ampliación en Marcón

El plan inicial de ampliación del parque empresarial de O Campiño, en Pontevedra, establecía una superficie total de más de 320.000 metros cuadrados, con un centenar de parcelas afectadas en la parroquia de Marcón. Sin embargo, los derechos mineros de una cantera cercana han obligado a recortar de forma notable estas previsiones iniciales y el informe de sostenibilidad (Peose) que la Xunta expuso al público establece un ámbito total de apenas 160.000 m2. De ellos, poco más de la mitad, 89.189 m2, se destinarán a parcelas lucrativas, es decir, de uso empresarial. A una media de 2.500 metros cada una, apenas se podría habilitar una treintena de espacios industriales. Además, se reservan unos 4.000 m2 para equipamientos públicos y casi 53.000 a espacios libres y zonas verdes, junto con 9.700 metros cuadrados para el sistema viario y otros 4.000 para bolsas de aparcamiento. En total, se habilitarían 254 espacios para estacionar. Con este recorte de superficies, las parcelas afectadas pasarán del centenar inicial a las 29 reflejadas en el citado Peose, es decir, apenas un 30% de lo previsto inicialmente. Además, cinco de ellas concentran el 85% de todo el ámbito afectado. En el 15% restante apenas habría que ocupar entre 300 y 400 m2 en cada una. Para su expropiación se calcula un gasto de 1,6 millones de euros, dentro de un presupuesto total de ejecución de la ampliación de 14,1 millones.

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