El Senado insta al Estado a ejecutar pisos de alquiler social en tres barrios de Pontevedra

Con más de 2.200 familias de la ciudad inscritas en el registro autonómico de demandantes de vivienda y con la Xunta como única administración implicada en la ejecución de pisos públicos, el Senado considera que el Gobierno central también debe implicarse de forma directa en la ejecución de hogares asequibles en Pontevedra.

De este modo, la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado ha adoptado un acuerdo, por iniciativa del BNG y otros grupos, en la que se emplaza al Gobierno a ejecutar pisos de alquiler social en cuatro parcelas estatales en la ciudad. En concreto, el acuerdo insta a «destinar a la construcción de vivienda pública de alquiler social la edificabilidad residencial propiedad del Estado en la Finca do Teucro, situada entre la Calle Arzobispo Malvar y la Avenida de Uruguay, en Pontevedra».

También reclama «destinar la parcela de 1.266 m² situada en la Avenida de Uruguay, frente al puerto deportivo del Club Naval, en Pontevedra, a la construcción de viviendas de alquiler social» y utilizar para los mismos fines «la edificabilidad en los terrenos de Campolongo y Mollavao procedentes del Ministerio de Defensa».

Todo ello debería plasmarse en un «convenio con la Xunta de Galicia para la promoción pública de estas viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y de los Ministerios de Hacienda y de Defensa, que formarán parte de un parque de vivienda pública de alquiler social». Además, se pide «un estudio detallado para catalogar las viviendas vacías y en desuso pertenecientes al Ministerio de Defensa en Pontevedra para destinarlas a alquiler social».

Hace ya más de año y medio, a finales de 2024, el Gobierno central anunciaba que, a través de diversos organismos, tenía en marcha un estudio de posibles viviendas para el alquiler social en la ciudad de Pontevedra para las que se manejaba ya cuatro emplazamientos en el casco urbano, algunos de ellos ya de titularidad estatal y otros en los que sería necesaria la adquisición del suelo. Esas cuatro ubicaciones coincidían con las que ahora cita el Senado y se localizan en la Finca do Teucro, Mollavao, en Campolongo y un solar sin uso de la avenida de Uruguay, ante el Club Naval.

La Finca del Teucro es un terreno en su mayor parte de titularidad de la Sareb cuya tramitación está en marcha desde hace unos meses en el Concello. Es uno de los solares edificables más grandes del casco urbano y el último gran terreno en el corazón urbano, entre el río Lérez y el centro histórico. Es un espacio codiciado durante años, los mismos en los que se trató de desarrollar y que acabó en manos de la Sareb. La crisis echó abajo este proyecto urbanístico y lo paralizó desde entonces. Ahora se ha recuperado el proyecto de urbanización de la parcela con un estudio de detalle para reajustar las alineaciones.

La Sareb se marcaba «el objetivo de la venta, en línea con el mandato de liquidación que constituye el objeto social por el cual fue creada la Sareb en 2012. No obstante, dicho objetivo inicial puede verse modificado a través de las negociaciones correspondientes y en los términos que se convengan».

En cuanto a Mollavao y Campolongo, los trámites corren a cargo del Ministerio de Defensa y la Sociedad Estatal de Promoción de Suelo (Sepes). Forma parte de un convenio urbanístico con el Concello para levantar varios edificios en esos ámbitos, uno de ellos donde se derribaron recientemente cuatro chalés de viviendas militares abandonadas

La cuarta ubicación es un solar sin uso desde hace años en la avenida de Uruguay, propiedad de la Dirección General del Patrimonio del Estado, un terreno que en varias ocasiones salió a subasta sin éxito. De hecho, en 2023 sacó por tercera vez a subasta esa parcela por 2.845.700 euros, pero quedó desierto. Con respecto a esta ubicación, «el Estado está realizando un análisis de los inmuebles de su titularidad que podrían ser destinados a vivienda pública en régimen de alquiler social».

Polémica por la «suspensión de venta» de las viviendas de Defensa en la ciudad

Usuarios de las viviendas militares del Ministerio de Defensa en la ciudad de Pontevedra, como los ubicados en General Rubín, amenazan con emprender acciones legales contra el Invied (el departamento que gestiona estos pisos) por la «suspensión de su venta». Aseguran que somos ciudadanos que, por derecho y en cumplimiento de la normativa vigente desde el año 2000, debimos haber tenido la oportunidad de adquirir nuestras viviendas en el plazo general que finalizaba en 2005, al igual que hicieron miles de compañeros en el resto de España». Sin embargo, el largo retraso en la aprobación del convenio urbanístico entre el Concello y el Invied impidió su certificación hasta 2020. «Cuando se abría la puerta a normalizar nuestra situación, el instituto de Defensa acordó unilateralmente en noviembre de 2025 suspender la venta de las viviendas enajenables». Añaden que «esta decisión nos sitúa en un grave e inadmisible agravio comparativo respecto al resto del territorio nacional, atrapándonos en un limbo legal y provocándonos severos perjuicios económicos.

Por ello, instan al Invied a realizar una «oferta y enajenación inmediata de las viviendas que ocupamos, cumpliendo los compromisos históricos e institucionales», así como «indemnizaciones cuantificadas por vía administrativa que cubran el retraso injustificado de décadas, las inversiones y reformas que hemos acometido como consecuencia de las previsiones de venta de las viviendas, la pérdida irreparable de beneficios fiscales de los que sí disfrutaron otros compradores y las peores condiciones actuales de acceso a financiación bancaria» Subrayan que «e n caso de silencio administrativo, iniciaremos de inmediato la vía judicial mediante recursos contencioso-administrativos y la reclamación por Responsabilidad Patrimonial de la Administración». n

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