La abogacía del turno de oficio reivindica en Pontevedra una financiación digna para garantizar la justicia gratuita

La plaza de A Peregrina acogió este lunes 13 de julio una jornada informativa, organizada por la plataforma Dignidade Abogacía Pontevedra, un encuentro en el que se acercó a la ciudadanía el funcionamiento del turno de oficio, pero también se aprovechó la ocasión para denunciar la situación de precariedad que, aseguran, atraviesa un servicio que consideran «fundamental» para garantizar el acceso a la Justicia.

Rosa Santos, miembro de la plataforma, explica que decidieron realizar la jornada informativa para «divulgar todos los servicios que abarcamos. Porque todavía hay mucha gente que lo visualiza con el tema de asistencia a detenidos, un poco centrada en el tema penal. Y hace mucho tiempo que la Justicia gratuita ya no es eso».

Rosa, junto a otros compañeros y compañeras, estuvieron repartiendo folletos informativos y prestando información a todas aquellas personas interesadas en conocer como acceder a la asistencia jurídica gratuita y qué derechos los amparan.

Desde la plataforma recuerdan que el acceso depende, con carácter general, de los ingresos de la unidad familiar, aunque determinados colectivos, como víctimas de violencia de género o sexual, menores, trabajadores, o personas extranjeras en determinados procedimientos, pueden acceder sin necesidad de acreditar requisitos económicos. También aprovecharon la jornada para poner el foco en las condiciones en las que trabajan los profesionales del turno de oficio. Denuncian que el servicio continúa «infrafinanciado» y que se sostiene gracias al esfuerzo personal de abogados y procuradores. «Es un servicio público fundamental, pero está en riesgo de ser insostenible porque sigue manteniéndose a costa del trabajo de los profesionales», afirmaron.

Desde la asociación advierten de que la desaparición o el deterioro del turno de oficio tendría consecuencias directas para la ciudadanía. «La justicia gratuita es un pilar del Estado social y democrático de derecho. Garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante los tribunales y el derecho de defensa. Si este servicio falla, quienes no puedan asumir los costes de un procedimiento judicial verán limitado su acceso a la Justicia», concluyeron.

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