El PSOE provincial acusa a la Diputación de irregularidades en varios nombramientos

La portavoz del grupo provincial socialista en la Diputación de Pontevedra, Ana Laura Iglesias, ha denunciado lo que considera una «deriva profundamente preocupante» en la gestión de la política de personal por parte del Gobierno provincial del Partido Popular. En una rueda de prensa, Iglesias advirtió de una sucesión de decisiones que, a su juicio, ponen en cuestión los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia que deben regir el acceso al empleo público. La respuesta del gobierno provincial no se hizo esperar: enmarca las críticas del PSOE en lo que considera una estrategia de «crispación y fango» y asegura que se desmarca de ese tipo de políticas. Asimismo, reitera su compromiso con el «rigor» y la «transparencia» en la gestión de la institución.

La representante socialista aseguró que «el tiempo confirmó los peores presagios» que el PSOE había expresado cuando el Partido Popular recuperó el gobierno de la institución provincial. «Advertimos de que temíamos la vuelta a prácticas que pensábamos superadas y, por desgracia, hoy vemos purgas, nombramientos discutibles, modificaciones de puestos hechas a medida y procesos selectivos cuestionados», afirmó.

Uno de los asuntos centrales de la comparecencia fue el caso del secretario de la Diputación, Carlos Cuadrado, al que el Gobierno provincial denegó la prórroga en el puesto tras haber presentado diversos escritos en los que advertía de posibles irregularidades en procesos selectivos de la institución.

«Estamos hablando del máximo garante de la legalidad en la Diputación. Resulta, cuando menos, llamativo que la primera vez que se le deniega una prórroga coincida precisamente con el momento en el que estaba advirtiendo de posibles incumplimientos de la legalidad», señaló Iglesias.

La portavoz socialista también cuestionó la explicación ofrecida por el Gobierno provincial para justificar esta decisión, basada en la implantación de la administración electrónica. Según Iglesias, se trata de un argumento «difícil de entender», ya que la administración electrónica lleva implantada en la Diputación desde hace más de una década.

El grupo provincial socialista recordó que ya remitió toda la documentación relacionada con este caso a la Fiscalía para que valore si existen indicios suficientes para abrir una investigación. Además, Iglesias señaló que el propio secretario interpuso una demanda contra la Diputación.

Durante la comparecencia, la portavoz socialista se refirió también al nombramiento de Montserrat Otero como directora de la Asesoría Jurídica. Según explicó, desde la llegada del Partido Popular al gobierno provincial se habría modificado progresivamente su plaza, incrementando el nivel del puesto y mejorando sus retribuciones hasta alcanzar un salario próximo a los 72.000 euros anuales.

«Estamos hablando de una funcionaria que antes del cambio de gobierno percibía alrededor de 40.000 euros anuales y que, en apenas tres años, incrementará su salario en más de 30.000 euros. La ciudadanía merece explicaciones sobre estas decisiones», afirmó Iglesias, quien recordó además que Otero está casada con el gerente provincial del Partido Popular.

Otro de los casos señalados por el PSOE fue el nombramiento de Agustín Reguera como director de Acción Municipal e Inversiones. Iglesias sostuvo que el Gobierno provincial modificó previamente la Relación de Puestos de Trabajo para crear un puesto adaptado a las características del exalcalde de Soutomaior y exdelegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Además, denunció que el nombramiento se ejecutó antes de que finalizase el período legal de información pública.

«No estamos ante un simple error administrativo. Estamos ante una decisión política ejecutada antes de tiempo, ignorando deliberadamente los procedimientos que garantizan la transparencia y el control democrático», aseguró.

Por este motivo, el grupo provincial socialista presentó alegaciones solicitando la paralización cautelar de los efectos administrativos y económicos del nombramiento, así como la revisión de todo el procedimiento.

Para Ana Laura Iglesias, todos estos casos responden a «un mismo modelo de gobernar». La portavoz socialista defendió que no se puede actuar «a base de hechos consumados» ni convertir el cumplimiento de la legalidad «en una cuestión opcional».

«Las administraciones públicas tienen la obligación de dar ejemplo y de respetar escrupulosamente las normas», subrayó.

Iglesias concluyó asegurando que el Grupo Provincial Socialista continuará ejerciendo «todas las acciones políticas, administrativas y judiciales necesarias» para defender la legalidad, la transparencia y el interés general.

«La Diputación de Pontevedra pertenece a la ciudadanía y no puede utilizarse para favorecer intereses partidistas. Nuestro compromiso es seguir fiscalizando la acción del Gobierno y exigiendo responsabilidades siempre que sea necesario», concluyó.

Respuesta del gobierno de Luis López

En su respuesta a través de un comunicado, la Diputación de Pontevedra rechazó las acusaciones del Grupo Provincial Socialista sobre su política de personal y defendió que todas las incorporaciones y modificaciones realizadas por el actual gobierno provincial «se ajustan a la normativa» y se llevaron a cabo «con luz y taquígrafos».

En relación con el exsecretario provincial, el gobierno de la Diputación sostiene que la decisión de no prorrogar sus funciones, una medida que califica de «carácter excepcional», es «legítima y justificada» dentro de la adaptación del marco de personal al contexto digital.

Sobre el nombramiento de Agustín Reguera, la institución provincial afirma que se trata de «una incorporación ordinaria al gabinete» tras la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, que, según recuerda, fue aprobada con la abstención del PSOE.

La Diputación también defiende la provisión del puesto de jefa de servicio de Asesoría Jurídica, asegurando que se realizó conforme a los cauces previstos y al mismo tiempo que otros puestos de jefatura de distintos servicios. Añade, además, que el salario asignado es el establecido para cualquier otro cargo de estas características en la institución.

En este caso concreto, el gobierno provincial condena los «lamentables ataques machistas» que atribuye a la portavoz socialista contra una funcionaria de la casa, y la instó a disculparse en el próximo pleno provincial.