Suspendido hasta noviembre el juicio por la presunta descapitalización de Nexia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acordó este martes suspender el juicio por la presunta descapitalización de Nexia Infraestructuras SL, después de que uno de los cinco acusados no compareciese a la vista oral. El señalamiento, previsto inicialmente para esta semana, queda aplazado hasta noviembre, a la espera de que el tribunal pueda garantizar la presencia de todos los procesados.

El acusado ausente es Francisco G. R., uno de los investigados en la causa. La sala optó por no iniciar el juicio sin él al entender que su incomparecencia podía comprometer el normal desarrollo de la vista y afectar al derecho de defensa del resto de acusados.

El procedimiento tiene su origen en la caída de Nexia Infraestructuras SL, una sociedad vinculada al sector de la construcción que terminó en concurso necesario de acreedores. La empresa fue constituida en mayo de 2014 con un capital social inicial de 50.000 euros y, posteriormente, amplió su capital hasta los 200.000 euros. Su domicilio social quedó fijado en el lugar de A Ermida, en Marcón.

La Fiscalía sostiene que, tras unas pérdidas muy elevadas en 2019, se puso en marcha un plan para impedir que los activos de Nexia acabasen destinados al pago de sus acreedores. Según el escrito de acusación, la sociedad registró ese ejercicio unas pérdidas de 4.988.445,14 euros, lo que dejó su patrimonio neto en una situación negativa de 3.878.520,41 euros.

El Ministerio Público sitúa el arranque de la operativa investigada a comienzos de 2020. En enero de ese año, Realcom Maquinaria SL adquirió las participaciones de Nexia en una operación que, según la acusación, no respondía a una compraventa real, sino a una maniobra para liberar a Agro Vello Inversiones SL de una deuda de 350.000 euros que mantenía con Nexia.

La Fiscalía atribuye a los acusados distintas actuaciones dirigidas a vaciar el patrimonio de la compañía. Entre ellas figuran facturas emitidas por Agro Vello a Nexia por 127.050 euros que, según el escrito, no se correspondían con operaciones comerciales reales; la venta de una finca propiedad de Nexia por 40.000 euros sin que se hubiese abonado realmente el precio; y la transmisión de maquinaria, remolques, cisternas, básculas y otros bienes de obra a sociedades o personas vinculadas por importes que no habrían ingresado en la empresa.

El escrito también recoge dos ingresos recibidos por Nexia en marzo de 2020, procedentes de la Diputación de Lugo y de una central eléctrica, por un total de 26.611,08 euros. La acusación afirma que esas cantidades fueron transferidas a una cuenta personal del acusado Francisco G. R. Asimismo, atribuye a la sociedad Alen Mar y Distribuciones SL el cobro de 20.750 euros por servicios que no se habrían llegado a prestar y que, además, no guardaban relación con la actividad de Nexia.

Otro de los puntos relevantes de la causa es la contabilidad de la empresa. Según la Fiscalía, el administrador judicial y concursal requirió la entrega de los libros contables de Nexia, pero no los recibió. El Ministerio Público considera que varios de los acusados, como administradores de hecho o de derecho, tenían capacidad de disposición sobre esa documentación y decidieron no facilitarla.

Nexia fue declarada en concurso necesario por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra el 26 de octubre de 2020. La masa pasiva ascendía a 7.693.677,27 euros y el número de acreedores afectados era de 240, según consta en el escrito de acusación.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de insolvencia punible y solicita para cada uno de los cinco acusados cuatro años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa de doce meses con una cuota diaria de quince euros. En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnicen solidariamente a la masa activa del concurso de Nexia Infraestructuras SL en 674.676,08 euros, más los intereses legales.

El juicio deberá retomarse en noviembre, una vez se resuelva la situación procesal del acusado que no acudió a la Audiencia. Hasta entonces, el caso queda pendiente de una nueva vista en la que se deberá analizar si las operaciones descritas por la Fiscalía formaron parte de una estrategia deliberada para despatrimonializar la sociedad en perjuicio de sus acreedores.

Suscríbete para seguir leyendo