Las nuevas ayudas sociales en Pontevedra: hasta 900 euros en comida y un máximo de seis meses de facturas

El Concello de Pontevedra ha actualizado los criterios de sus ayudas de emergencia social, unas bases que no se modificaban desde 2018, con el objetivo de ampliar las coberturas económicas, reforzar la prevención de desahucios y asumir el 100% de determinados gastos sociosanitarios. La concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, presentó los nuevos baremos tras informar a la comisión de seguimiento de estas ayudas, que buscan dar una respuesta más ajustada al encarecimiento de la cesta de la compra y a las necesidades básicas de la ciudadanía.

Una de las principales características del modelo pontevedrés, según destacó Gulías, es que el Concello mantiene el Salario Mínimo Interprofesional como límite de ingresos para acceder a estas prestaciones, frente al IPREM que emplean otras administraciones. La edil defendió que este criterio permite llegar a personas que, pese a contar con ingresos laborales o cobrar el salario mínimo, se encuentran en situación de precariedad.

La reforma introduce un incremento generalizado de las cuantías destinadas a alimentación y productos de primera necesidad. En el caso de personas solas, la ayuda pasa de 180 a 300 euros, mientras que para unidades familiares de dos miembros pasan de 250 a 400 euros, de tres miembros de 320 a 500 euros, de cuatro de 380 a 600 euros, de cinco de 430 a 700 euros, de seis de 480 a 800 euros y de siete o más miembros aumenta de 530 a 900 euros.

Otra de las novedades afecta a los gastos de energía. La cobertura para recibos de luz y gas se amplía de tres a seis mensualidades, y el Concello también podrá abonar las cantidades necesarias para restablecer el suministro en caso de corte.

En materia de vivienda, la administración local actuará de forma preventiva en el pago de deudas por impago de alquiler, sin necesidad de esperar a que exista un aviso formal de desahucio. Si finalmente el desalojo se ejecuta, las ayudas podrán cubrir alojamiento en hoteles durante el tiempo imprescindible, además de la fianza y el primer mes de un nuevo alquiler.

Las nuevas bases incorporan por primera vez el pago de comedores escolares durante todos los meses que sean necesarios, incluidos los periodos vacacionales. También se amplía la cobertura de gastos sociosanitarios: el Concello pasará de financiar el 75% al 100% para aquellas personas que no cuenten con ayudas de la Xunta o cuando estas resulten insuficientes. Ese mismo porcentaje se aplicará a la compra de equipamiento básico del hogar y al acondicionamiento sanitario de viviendas, como calderas, duchas u otros elementos necesarios.

El Concello asumirá además el pago urgente de plazas en residencias de mayores y centros de día para personas que estén a la espera de la resolución de dependencia por parte de la Xunta de Galicia. Gulías subrayó la eficiencia del departamento de Bienestar Social, que actualmente tramita las ayudas urgentes o extraordinarias en 72 horas y resuelve los expedientes ordinarios en un plazo medio de un mes, con diez días para el informe de la trabajadora social.

Gulías avanzó también nuevos convenios con colegios profesionales, entre ellos uno de atención bucodental previsto para septiembre con el Colegio de Odontología, otro con el Colegio de Psicología para facilitar atención en salud mental y un posible acuerdo con optometristas para el próximo año.

La evolución de las solicitudes de ayudas de emergencia social refleja un aumento de la demanda en los últimos años. En 2023 se registraron 48 solicitudes y se concedieron 39 ayudas; en 2024 fueron 72 solicitudes y 56 concesiones; en 2025, 86 solicitudes y 77 ayudas aprobadas; y en lo que va de 2026 se contabilizan 27 solicitudes, con 13 concedidas.

El servicio municipal cuenta con 14 trabajadoras sociales, un jefe de servicio, una técnica media, tres auxiliares administrativos, dos administrativos, una educadora social y un informático.

Suscríbete para seguir leyendo