Sorprendidos dos aspirantes al carné de conducir con cámaras y auriculares para copiar en el examen teórico

La Guardia Civil sorprendió en Pontevedra a dos aspirantes al permiso de conducir que presuntamente utilizaron medios técnicos no autorizados para intentar superar el examen teórico. Las intervenciones se produjeron en las mañanas del 26 de mayo y del 2 de junio, a requerimiento del personal de la Jefatura Provincial de Tráfico encargado de la realización de las pruebas.

Los identificados son dos ciudadanos extranjeros, de 35 y 34 años. Componentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), pertenecientes al Subsector de Tráfico de Pontevedra, comprobaron que los aspirantes portaban distintos dispositivos electrónicos ocultos entre la ropa.

Entre el material detectado figuraban un teléfono móvil con una microcámara abierta y camuflada, una tarjeta bluetooth y un mini auricular colocado en la oreja. Según la Guardia Civil, estos medios habrían sido utilizados para recibir ayuda externa durante la realización de los exámenes teóricos, por lo que ambos fueron excluidos de las respectivas convocatorias.

Las actuaciones se enmarcan en los controles preventivos que el GIAT realiza para evitar la obtención fraudulenta del permiso de conducción mediante dispositivos electrónicos no autorizados. La Guardia Civil subraya que este tipo de prácticas no solo vulneran las normas del proceso de examen, sino que también suponen un riesgo para la seguridad vial, al permitir que puedan acceder al carné personas que no han acreditado los conocimientos exigidos.

Desde el Subsector de Tráfico recuerdan que estos controles son habituales, especialmente en pruebas en las que participan aspirantes procedentes de terceros países, al haberse detectado en ocasiones anteriores métodos similares e incluso supuestos de suplantación de identidad.

La Guardia Civil advierte de que intentar copiar en el examen teórico puede acarrear graves consecuencias administrativas. Entre ellas figuran la anulación de la prueba, una sanción económica de 500 euros y la imposibilidad de volver a presentarse durante un periodo de seis meses.

Además, en determinados supuestos, como los casos de usurpación de estado civil o falsedad documental, estas conductas podrían derivar también en responsabilidades penales.

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