«Aunque trabajes y te esfuerces da igual: lo que determina tu bienestar va a ser tu capacidad de heredar»

Una nueva frontera social se está dibujando en los portales y en las cuentas bancarias de miles de familias. Es una brecha silenciosa que separa a quienes tienen un techo en propiedad de quienes dependen de que no les suban la mensualidad para llegar a fin de mes. El sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil pone nombre y apellidos a esta realidad en Generación inquilina, un volumen que presentará este jueves a partir de las 19.30 horas en la Facultade de Belas Artes, en un acto organizado por la Asociación pola Defensa da Ría en colaboración con la librería Paz y la editorial Capitán Swing.

Sostiene que el bienestar actual ya no depende del esfuerzo, del título universitario ni del salario, sino de la capacidad de heredar. ¿Estamos ante la muerte definitiva de la meritocracia?

Eso es, la muerte definitiva de la meritocracia. Si esto sigue así —y esto no significa que sea de un día para otro, sino que es un proceso que empieza en 2008 y que cada vez es más profundo—, ese es el escenario. Cuando la propiedad se convierte en el factor que determina la posición en la jerarquía social y económica, se nos está quedando una sociedad muy problemática. No es solo que la propiedad determine la jerarquía, es que lo hace en un contexto donde cada vez hay más personas excluidas de ella y, por otro lado, hay unas minorías sociales que cada vez acumulan más inmuebles. Esto nos está llevando a que el siglo XXI se parezca más al siglo XIX o al XVIII que al siglo XX. Aquel fue un siglo de conquistas de derechos y de bienestar para las mayorías sociales, donde las rentas del trabajo ganaron espacio a las rentas del capital; si trabajabas y te esforzabas, alcanzabas el bienestar. Hoy estamos en un mundo donde eso cada vez es más difícil. Aunque trabajes y te esfuerces, da igual: lo que determina tu bienestar va a ser la capacidad de heredar o las propiedades que tengas.

En su investigación habla de que el mercado del alquiler se ha convertido en la fuente principal de empobrecimiento. Para una familia media, ¿cómo se construye hoy la idea de futuro o de seguridad vital?

Es muy difícil. Hoy mismo veía en un artículo que el 42% de los inquilinos empieza a tener problemas de salud mental. Es imposible proyectarse en una vida marcada por el bienestar y la dignidad cuando cada cinco años te pueden echar de casa o subir el alquiler. Cuando vives con la incertidumbre de si te van a expulsar, de cuánto te van a subir la renta, de qué vas a hacer con tus hijos, de si tendrás que cambiarlos de colegio o incluso de si vas a poder tener hijos... Al final vemos cómo todas las aspiraciones vitales de una generación entera se ven estropeadas y sacrificadas por la cuestión de la vivienda.

Tradicionalmente hemos tenido una cultura muy arraigada de vivienda en propiedad, casi como una salvaguardia familiar y un colchón intergeneracional. ¿Cómo afecta el desembarco de este capitalismo rentista a una comunidad con esta idiosincrasia?

Claro, es que tener una vivienda en propiedad era un símbolo de integración, de acceso a la ciudadanía, de la vida de clase media. Pero, de repente, las nuevas generaciones ya no van a poder acceder a una vivienda en propiedad por sus propios medios. Cuando los valores centrales de nuestras sociedades saltan por los aires de esta manera, se genera desafección. Cada vez hay más población que dice: «No, no, esta sociedad no me beneficia». Y si no te beneficia, la conclusión es que hay que cambiarla de arriba a abajo. Así es como se deja de creer en la democracia y en los sistemas centrales de nuestra convivencia.

Lo primero que hay que hacer es proteger la función residencial de la vivienda: acabar con los pisos turísticos, con los alquileres de temporada, con la vivienda vacía y prohibir la compra no residencial

Definir la vivienda como el principal activo financiero del capitalismo contemporáneo suena muy técnico. Sin embargo, se traduce en desahucios invisibles y en una juventud que no puede emanciparse. ¿Invertir el esfuerzo de toda una vida para pagar unas rentas que no generan patrimonio es el nuevo destino inevitable?

Lo que vemos es precisamente eso. La crisis de la vivienda no es una crisis de escasez; es una crisis de desigualdad y de concentración de la riqueza. Lo que para las mayorías sociales está siendo empobrecimiento e inestabilidad, vemos que, por otro lado, está generando muchísimos beneficios económicos. La cuestión es cómo encontramos la forma de transformar esto, porque se puede cambiar. En el último capítulo del libro digo que la «generación inquilina» tiene las claves del cambio. Se puede transformar el modelo, pero para eso tiene que activarse y movilizarse esa generación afectada.

Usted investiga a los «megacaseros globales», esos grandes fondos a los que la mayor parte de los inquilinos ni siquiera conoce. ¿Cómo se batalla políticamente contra un propietario que no tiene rostro ni sede social en la ciudad donde opera?

Es muy difícil. No es como en la crisis de los desahucios hipotecarios contra los bancos, donde todas las entidades tenían sucursales en los barrios y guardaban el dinero de los vecinos; los bancos estaban expuestos a la movilización social. Esto es muy distinto. La única forma de combatirlo es con política pública y con regulaciones que garanticen la vida y los derechos de las personas. Eso significa cambiar las leyes actuales. ¿Qué sucede? Que estos fondos de inversión tienen una capacidad inmensa de presión política.

Su libro, a pesar de la dureza de los datos que maneja, quiere sembrar esperanza y propone un paradigma basado en el «derecho a habitar». ¿Hay ejemplos reales en el exterior que nos puedan servir de espejo sobre cómo actuar?

Todo el tiempo reviso modelos y políticas de otros países de Europa y planteo qué pasaría si importáramos esas herramientas que ya están funcionando allí. No es una cuestión técnica, es una cuestión política. Técnicamente se puede hacer, pero políticamente no se hace porque no interesa. Insisto: lo que para mucha gente es empobrecimiento, es un modelo que reporta enormes beneficios a unas minorías sociales, como los fondos de inversión. Lo primero que hay que hacer es proteger la función residencial de la vivienda: acabar con los pisos turísticos, con los alquileres de temporada, con la vivienda vacía y prohibir la compra no residencial. Lo que ha disparado los precios no son las familias trabajadoras comprando para vivir, como pasaba antes de 2008; son inversores o especuladores que compran casas para ponerlas en alquiler, haciéndolo como quien invierte en oro, en criptomonedas o en bolsa. Hay que prohibir la compra no residencial, como ya han hecho los Países Bajos o Canadá.

Se necesitan alquileres indefinidos, por ejemplo, como existen en muchos países de Europa. Aquí el negocio ha consistido en expulsar a un inquilino para buscar a otro que pague más, pero eso está prohibido en la mitad del continente

¿Qué medidas deberían adoptar las administraciones locales o autonómicas?

Se necesitan alquileres indefinidos, por ejemplo, como existen en muchos países de Europa. Aquí el negocio ha consistido en expulsar a un inquilino para buscar a otro que pague más, pero eso está prohibido en la mitad del continente. Y luego, por supuesto, que la administración dé un paso al frente: que construya vivienda pública y que gestione inmuebles interviniendo en operaciones especulativas, ejerciendo su derecho de tanteo y retracto para quedarse con esas casas. El objetivo es mandar un mensaje claro a los mercados: «Aquí no hay sitio para la especulación». Ahora mismo, un especulador no invierte en Viena, invierte en España porque la ley favorece este tipo de prácticas. Un fondo de inversión que compra, vende o alquila aquí paga menos impuestos por hacer eso de lo que pagamos usted o yo por nuestro trabajo.

Al hilo de lo que menciona, en ciudades como Viena el gran parque inmobiliario es público y se gestiona desde las instituciones, al contrario que aquí, donde a menudo el suelo público acaba privatizándose.

Claro, porque el modelo español lo que ha hecho es favorecer la desregulación, la privatización y la subida de precios. En Viena, dos terceras partes del mercado del alquiler están reguladas; el precio tiene una función social, no económica. No todo es estrictamente de propiedad estatal: un tercio es público, pero hay otro tercio que pertenece al sector de «lucro limitado», como cooperativas de vivienda o asociaciones. Aunque operan al margen del Estado, reciben privilegios fiscales, suelo y facilidades de financiación a cambio de limitar su beneficio y producir vivienda asequible. El caso español es el opuesto: se dan facilidades y dinero con financiación pública para que luego pongan el precio que quieran en el mercado libre.

Si tuviese que poner sobre la mesa de un gobernante un manual de emergencia para aplicar mañana mismo, ¿por dónde empezaría a cortar la hemorragia?

Este nuevo paradigma requiere un armazón completo de leyes para blindar la función residencial, pero si hubiera que tomar una sola medida de manera inmediata, ya mañana mismo, sería bajar los precios por ley. Hay que vincular por decreto el coste de los alquileres a los salarios reales y a la economía productiva del país y de las ciudades.

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