Exigen a Hacienda que devuelva el estatus de «investigada» a la casa barroca de Combarro
Asociaciones culturales estudian reabrir la denuncia de 2023, demostrando que quien se apropió del inmueble conocía perfectamente que el edificio histórico ya había sido entregado al patrimonio público

El edificio histórico constituye una joya barroca en pleno centro monumental de Combarro. / Gustavo Santos
El destino de uno de sus inmuebles más singulares del casco histórico de Combarro, la conocida como «casa barroca», sigue inmerso en un laberinto burocrático y judicial que acaba de dar un giro. La Asociación A Solaina y Amigos dos Museos de Galicia han formalizado un escrito ante la delegada provincial de Economía y Hacienda del Gobierno central con una petición tajante: que el inmueble recupere de inmediato el estatus de propiedad «investigada» a efectos tributarios para poner fin a su controvertida situación.
La reclamación no nace del vacío, sino de un testimonio clave que cruza el Atlántico y que desmonta la tesis de la buena fe en la controvertida privatización catastral del inmueble, ocurrida entre 2020 y 2021 a favor de un particular. El documento que sostiene la petición de los colectivos patrimoniales es el informe de la reunión celebrada el pasado 9 de junio en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.
En ese encuentro, María del Carmen Nereair Salgueiro Pacheco, llegada desde Montevideo (Uruguay), aportó una claridad meridiana sobre el pasado de la casa que perteneció a su familia. Certificó que, a principios de la década de 1970, sus allegados vendieron la propiedad al antiguo Ministerio de Educación y Ciencia por un importe de 150.000 pesetas. El objetivo de aquella expropiación forzosa por utilidad pública era ambicioso y profundamente cultural: convertir la edificación en el Museo de Artes y Tradiciones Populares, el ansiado Museo del Mar. «Nuestra no es. Lo fue hasta que se la vendimos», zanjó de forma rotunda la heredera uruguaya ante las autoridades provinciales.
El problema radica en que en aquellos años setenta no se llegó a firmar la carta de pago y ocupación, un fleco administrativo que el Estado español dejó pendiente y que impidió la inscripción formal de la compra en el Registro de la Propiedad. Ese vacío fue el que propició que, décadas después, la Agencia Tributaria asignase la titularidad catastral a un particular bajo el simple criterio de buscar a un contribuyente que pagase las decesas de la finca. Sin embargo, el panorama ha cambiado radicalmente. Con el reconocimiento expreso de los herederos legítimos de la antigua propietaria, Carmen Romero, de que el dinero público fue cobrado y la casa ya no les pertenece, las asociaciones consideran que se ha quebrado cualquier presunción de «buena fe» por parte de quien se atribuyó la propiedad en 2020.
Con el reconocimiento expreso de los herederos legítimos de la antigua propietaria, Carmen Romero, de que el dinero público fue cobrado y la casa ya no les pertenece, las asociaciones consideran que se ha quebrado cualquier presunción de «buena fe» por parte de quien se atribuyó la propiedad en 2020
Los colectivos que presiden Rafael Vallejo Pousada y Felipe Senén López exigen la máxima celeridad a Hacienda para activar la condición de inmueble «investigado» y trasladar la resolución al Ministerio de Cultura, que dirige el expediente reabierto para la titularidad pública definitiva. De este modo, se daría cumplimiento a lo dictado por la Fiscalía Provincial de Pontevedra en su decreto del 29 de enero de 2024, que instaba a culminar los trámites indispensables para la inscripción efectiva del bien a favor del Estado.
La batalla por la memoria de la piedra en Combarro no se detiene en los despachos de Hacienda. Los portavoces de A Solaina y Amigos dos Museos de Galicia ya han anunciado que solicitarán una entrevista personal con la delegada dentro de dos semanas para fiscalizar la marcha de estos trámites. Además, sus equipos jurídicos estudian ya con lupa los nuevos datos aportados por la rama familiar de Montevideo para regresar en las próximas semanas a la Fiscalía de Pontevedra.
Entienden que la declaración de María del Carmen Salgueiro constituye el «elemento de prueba» necesario para reabrir la denuncia presentada en septiembre de 2023, demostrando que quien se apropió del inmueble conocía perfectamente que la joya barroca de Combarro ya había sido entregada al patrimonio público hace más de medio siglo.
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