Vecinos exigen que se ejecute el cierre de la Sala Zennet de Pontevedra
Los residentes denuncian que el local continúa funcionando pese a las órdenes de cese de actividad dictadas por Portos de Galicia y el Concello
Recalcan que es un situación contraria a la igualdad ante la ley y enumeran problemas de convivencia en el vecindario por ruido, basura y peleas

La sala Zennet se encuentra ubicada frente a varios edificios de viviendas. / RAFA VAZQUEZ
La situación de la Sala Zennet, situada en las instalaciones del Club Naval de Pontevedra, vuelve al centro de la polémica. Vecinos de la Avenida de Uruguay de la Comunidad de Propietarios Xacobeo-93 cuestionan la falta de medidas efectivas para hacer cumplir las resoluciones administrativas que ordenan el cese de actividad del establecimiento.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, enfrenta a los residentes con una actividad de ocio nocturno que, según denuncian, sigue abierta pese a contar con dos pronunciamientos administrativos contrarios a su funcionamiento. Recuerdan que «el primero fue dictado por Portos de Galicia a finales de 2024, cuando ordenó la paralización de la actividad», mientras que el segundo llegó en 2025, fecha en la que el Concello de Pontevedra declaró ineficaz la comunicación previa presentada para la apertura del local y ordenó también el cese.
Más de un año y medio después, los residentes aseguran que el establecimiento continúa desarrollando su actividad como discoteca. Consideran que esta situación pone en cuestión la capacidad de las administraciones para garantizar el cumplimiento de sus propios actos y reclaman explicaciones públicas.
En opinión de los afectados, el problema ya no se limita a determinar si el local podía o no iniciar su actividad en su momento. Sostienen que, pese a distintos intentos de regularización, «la legalización del establecimiento no se habría completado». Subrayan además que la sala se ubica sobre la ría, en terrenos de dominio público marítimo-terrestre vinculados a la concesión del Club Naval, circunstancia que, a su juicio, refuerza la trascendencia pública del caso.
Los vecinos se preguntan «cómo puede seguir funcionando un negocio cuando dos administraciones diferentes han dictado resoluciones ordenando su paralización». Entienden que la falta de ejecución efectiva de esas órdenes provoca una sensación de impunidad y agrava el malestar en una zona residencial que aseguran lleva demasiado tiempo soportando las consecuencias.
Los vecinos denuncian peleas, ruido, acumulación de basura... que afectan a la convivencia y el descanso
La actividad del local, según los residentes, ha venido acompañada de episodios reiterados de ruido, peleas, consumo de alcohol en la vía pública, concentraciones de personas en el entorno de las viviendas, uso de la terraza exterior durante la madrugada, acumulación de residuos, problemas de insalubridad y daños de diversa naturaleza. Afirman que todas estas incidencias han sido comunicadas de forma reiterada tanto a Portos de Galicia como al Concello, acompañadas de escritos, fotografías, vídeos y denuncias, ya que afectan tanto a la convivencia como al descanso vecinal.
Los afectados también llaman la atención sobre la dimensión económica del caso. De acuerdo con la información que manejan, consideran insuficientes las dos sanciones impuestas hasta ahora, cuyo importe entienden que no tiene efecto disuasorio real.
A juicio del vecindario, existe un contraste difícil de justificar entre la facilidad con la que el negocio pudo comenzar a funcionar y la falta de actuaciones contundentes para hacer cumplir las órdenes de cese. Denuncian, además, que no se ha producido una actuación ejecutiva significativa y que incluso se habrían celebrado actos vinculados a las propias administraciones en el local cuando este ya tenía orden de cierre.
Los residentes insisten en que su posición no pretende cuestionar el ocio nocturno ni la actividad económica en Pontevedra. Defienden que su reclamación se dirige exclusivamente contra una situación que consideran contraria a la igualdad ante la ley y al cumplimiento efectivo de resoluciones administrativas firmes.
Por ello, solicitan a Portos de Galicia, dependiente de la Xunta, y al Concello de Pontevedra que aclaren en qué estado se encuentran los expedientes, por qué no se han ejecutado todavía las órdenes de cierre y qué medidas concretas prevén adoptar para poner fin a una situación que, según afirman, se ha vuelto insostenible para el vecindario.
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