Tramitación
Últimos días para regularizar a migrantes en Pontevedra: las entidades sociales sostienen el proceso
Cruz Roja, Asovedra, Boa Vida, CIG y SOS Racismo participan en el asesoramiento y acompañamiento de las personas solicitantes dentro del procedimiento impulsado por el Gobierno central, cuyo plazo finaliza el 30 de junio

Recepcion en la subdelegación de las entidades participantes en el proceso de regularizacion. / FdV
La regularización extraordinaria de personas migrantes entra en su fase decisiva en Pontevedra con las entidades sociales como uno de los principales puntos de apoyo para quienes tratan de completar el procedimiento antes del cierre del plazo, fijado para el 30 de junio. Cruz Roja, Asovedra, Boa Vida, CIG y SOS Racismo participan en la red de acompañamiento habilitada para informar, asesorar y facilitar la tramitación de solicitudes de personas que ya residen en España y buscan acceder a una situación administrativa regular.
El proceso, impulsado por el Gobierno central, ha generado desde abril una elevada demanda de información en la provincia, especialmente en la ciudad de Pontevedra, donde Asovedra y Boa Vida han centralizado buena parte de las consultas y expedientes. Entre ambas entidades superaban ya hace unos días las 1.400 atenciones, según los datos recabados por FARO, en un contexto marcado por la previsión de una última oleada de solicitudes antes del fin del plazo.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, recibió este lunes en la Subdelegación del Gobierno a representantes de Cruz Roja, Asovedra y Boa Vida para agradecer el trabajo que están desarrollando en el acompañamiento de las personas solicitantes. En el encuentro también quiso reconocer la labor de la Confederación Intersindical Galega (CIG) y de SOS Racismo, que participan igualmente en este proceso en la provincia.
Losada defendió que la regularización está avanzando «de forma satisfactoria» y subrayó el papel de las organizaciones implicadas, «que están jugando un papel fundamental en este proceso». Según señaló, la medida tiene «una dimensión ética y humanitaria» al permitir que miles de personas puedan desarrollar su proyecto de vida «con mayor seguridad jurídica y en igualdad de condiciones».
«Se trata de extender derechos a personas que ya viven entre nosotros, que trabajan entre nosotros y que forman parte de nuestra sociedad», afirmó el subdelegado, que vinculó el procedimiento no solo con la protección de derechos, sino también con la integración social y laboral de las personas migrantes.
El representante del Gobierno central en Pontevedra incidió además en los efectos positivos que, a su juicio, tendrá la regularización de migrantes para el conjunto de la sociedad. «La inmigración contribuye al desarrollo económico del país, genera riqueza y fortalece nuestro sistema de bienestar. Es positivo para todos que quien ya forma parte de nuestra sociedad pueda hacerlo con todas las garantías, ejerciendo sus derechos y cumpliendo también sus obligaciones», indicó.
La medida llega en un momento de fuerte actividad para las entidades autorizadas, que en las últimas semanas han atendido perfiles muy diversos, aunque con una presencia mayoritaria de personas procedentes de países latinoamericanos, junto a solicitantes de otras nacionalidades. En muchos casos, las organizaciones no solo informan sobre los requisitos, sino que ayudan a ordenar documentación, preparar mandatos de representación y orientar a quienes no pueden acogerse al procedimiento por no cumplir las condiciones exigidas.
Losada también puso en valor el trabajo del personal de la Administración que tramita los expedientes de Extranjería. «Los funcionarios están realizando un enorme esfuerzo para dar respuesta a un volumen muy elevado de solicitudes, demostrando una vez más su compromiso con el servicio público», señaló.
La regularización extraordinaria tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular que contó con un amplio respaldo social. Para el subdelegado, se trata de una medida basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia. «Refuerza la cohesión social, favorece la integración de personas que ya contribuyen a nuestro país y ayuda a construir una sociedad más justa, más inclusiva y con más oportunidades para todos», concluyó.
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