El Ministerio de Cultura reabre la investigación sobre la «casa barroca» de Combarro tras un vuelco documental

La disputa por la titularidad de la llamada «casa barroca» de Combarro, un inmueble singular en el corazón de este conjunto histórico que fue privatizado en 2021 tras un proceloso y confuso laberinto administrativo, ha dado un vuelco radical que sitúa de nuevo la pelota en el tejado del Gobierno central.

El Ministerio de Cultura ha reabierto oficialmente la investigación sobre el expediente de este bien cultural de titularidad estatal. El movimiento responde a la presión sostenida de los colectivos locales, liderados por la Asociación A Solaina de Combarro y apoyados por la Asociación de Amigos dos Museos de Galicia. El propio subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado que Madrid ya estudia la copiosa documentación remitida el pasado mes de marzo; un informe exhaustivo coordinado por el catedrático de Historia Rafael Vallejo Pousada que desbroza los entresijos de lo que califican abiertamente como una «privatización presuntamente fraudulenta».

Sin embargo, el argumento definitivo no ha salido de los archivos notariales ni de los legajos de la Administración, sino de los propios labios de quienes ostentaban los derechos originales del inmueble. En un encuentro determinante en la Subdelegación del Gobierno, María del Carmen Salgueiro, heredera directa de la antigua propietaria, deshizo de un plumazo décadas de ambigüedad burocrática: la familia, hoy residente en Uruguay, no reclama nada porque el inmueble ya no le pertenece.

Los herederos legítimos certificaron formalmente que la casa barroca fue vendida voluntariamente al Ministerio de Educación entre finales de 1969 y principios de 1970 por un importe de 150.000 pesetas de la época. El objetivo de la matriarca, Carmen Romero, era noble y explícito: quería que la vivienda de Combarro se destinase a un fin público y cultural, en concreto, para albergar el Museo de Artes e Tradicións Populares (el Museo do Mar).

El objetivo de la matriarca, Carmen Romero, era noble y explícito: quería que la vivienda de Combarro se destinase a un fin público y cultural, en concreto, para albergar el Museo de Artes e Tradicións Populares (el Museo do Mar)

El dinero se repartió escrupulosamente entre los cuatro hijos de la propietaria en Montevideo. «El edificio ya no pertenece a la familia desde principios de la década de 1970; pertenece al Ministerio, que lo compró y lo pagó», sostienen de forma unánime los descendientes. El testimonio destapa el eslabón perdido de una cadena que se rompió cuando la Administración de la época omitió redactar las actas formales de pago y ocupación, una negligencia que, cincuenta años después, abrió la rendija legal por la que el inmueble acabó en manos privadas en 2021.

La declaración completa de María del Carmen Salgueiro ya descansa en los despachos del Ministerio de Cultura. Con este testimonio en la mano y el amparo de la Fiscalía de Pontevedra —que instó explícitamente al Estado a personarse en los tribunales ordinarios a través de la Abogacía del Estado—, el colectivo vecinal exige una acción civil inmediata para rescatar un patrimonio que fue pagado con dinero público y concebido para el pueblo. La palabra, ahora, la tiene Madrid.

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