Los derribos de edificaciones ilegales en la comarca caen a la mitad en un año

La comarca de Pontevedra registró en 2025 un descenso significativo en las actuaciones de reposición de la legalidad urbanística recogidas en la relación pública de actividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Según los datos publicados por la Aplu, los concellos de la comarca sumaron al menos diez demoliciones el año pasado, frente a las 25 contabilizadas en 2024, lo que supone una caída de 15 casos, equivalente a un 60% menos.

La Aplu, organismo dependiente de la Xunta de Galicia, ejerce competencias de disciplina urbanística en suelo rústico en todo el territorio gallego, además de las delegadas por los ayuntamientos adheridos. También actúa en el ámbito de la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. La propia Axencia precisa que en su página de actividad se publica una selección de reposiciones de la legalidad clasificadas por tipología, municipio y año de ejecución.

En 2025, Pontevedra fue el municipio de la comarca con más actuaciones publicadas, con cuatro. De ellas, dos correspondieron a edificación auxiliar, una a uso residencial y otra a uso industrial, todas ellas en suelo rústico. El resto de concellos con actividad fueron Sanxenxo, Marín, Moraña, Cuntis, Barro y A Lama, con una actuación cada uno. En Sanxenxo, Marín, Cuntis y A Lama la tipología fue residencial; en Moraña, edificación auxiliar; y en Barro, la actuación figura dentro de la categoría de «otros». Todas las intervenciones de 2025 aparecen clasificadas en suelo rústico.

El caso más mediático fue el de Lapamán, en Marín. La Xunta inició en enero del año pasado el derribo del edificio ilegal inacabado que llevaba más de una década pendiente de demolición. Se trataba de un entorno de especial valor paisajístico y próximo al dominio público marítimo-terrestre. En los últimos años, la parte baja se utilizaba como aparcamiento durante el verano. Un juzgado había obligado a la Aplu a culminar el derribo tras criticar la larga inactividad administrativa en el caso.

Tipología de las actuaciones

Por tipo de actuación, las residenciales fueron las más numerosas en 2025 en la comarca pontevedresa, con cinco casos. Les siguieron las edificaciones auxiliares, con tres, mientras que hubo una actuación industrial y otra incluida en la categoría de «otros». No constan en la relación publicada actuaciones en 2025 en Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, Vilaboa, Poio ni Portas.

La comparativa con 2024 muestra una reducción generalizada. Ese año, Pontevedra también lideró la comarca, con cinco actuaciones: tres residenciales y dos de la categoría «otros». Le siguieron Sanxenxo, con cuatro; Marín y Caldas de Reis, con tres cada uno; Ponte Caldelas, Poio y Moraña, con dos; y Vilaboa, Portas, Cuntis y Barro, con una actuación cada uno.

La tendencia comarcal encaja con la evolución general destacada por la Aplu para el conjunto de Galicia, donde las multas coercitivas descendieron de 355 en 2024 a 312 en 2025.

En la provincia de Pontevedra se tramitaron 119 multas coercitivas y se impulsaron 60 actuaciones de reposición de la legalidad.

Según la Aplu, alrededor de un 97% de las órdenes administrativas de reposición de la legalidad se cumplen en periodo voluntario y solo un 3% son ejecutadas subsidiariamente por la Aplu, repercutiendo el coste a los responsables.

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