Vivenda desoye a PP y PSOE y sigue adelante sin cambios con el plan residencial de Pontevedra

«Salimos igual que entramos». Así resumían algunos asistentes el resultado de las explicaciones directas que la Consellería de Vivenda ofreció a los afectados por las expropiaciones del proyecto de suelo residencial de San Mauro, con el fin de obtener 20 hectáreas entre O Marco y A Parda para levantar después unas 2.000 viviendas.

Tras semanas de polémica y enfado vecinal por los bajos precios de expropiación incluso de casas de toda la vida, técnicos de la Xunta se reunieron con una representación de los vecinos y dos abogados y dejaron claro que no habrá, al menos de momento, modificaciones en el plan inicial, declarado de Interés Autonómico, es decir, de competencia directa de la Xunta.

Vivenda desoye así el pacto entre PP y PSOE en el Concello que pidió, sin el apoyo del BNG, una reformulación del proyecto y, sobre todo, mejores precios de expropiación, por encima de las cifras de dos a diez euros por metro cuadrado. En este último apartado tampoco hay grandes avances ya que se bajaran ahora cifras de dos euros con el argumento de que son tasaciones fijadas por ley.

En la reunión se reiteró la oferta ya lanzada por la consellería hace días: que los propietarios se incorporen al desarrollo del proyecto, con los derechos y obligaciones derivadas de ellos, entre otras, asumir la parte proporcional del coste de urbanización, una solución que no convence a muchos, que solo piden un «pago justo» por sus propiedades».

En todo caso, llama la atención que el PP local se sumara en el pleno del pasado lunes a la petición del PSOE de modificar el plan, pero la Xunta no lo contempla. Aquella tensa sesión, con numerosos afectados entre el público, terminó con la aprobación de la moción presentada por el PSdeG-PSOE, que exige una redirección drástica a la Xunta en la tramitación del macroproyecto residencial: compensaciones económicas justas por los bienes expropiados, que se permuten las residencias habituales por viviendas libres y una ordenación del espacio que evite que viviendas unifamiliares estén situadas al lado de grandes edificaciones. También se aprobó que el alcalde y la conselleira de Vivenda dialoguen con los vecinos. Pero, por el momento, ningún paso al respecto.

La propuesta salió adelante gracias al inesperado pero estratégico matrimonio de conveniencia entre socialistas y el Partido Popular, que logró incluir una enmienda que busca impulsar la redacción de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El BNG, en el gobierno local, optó por una abstención crítica, atrapado en el dilema de defender la vivienda pública sin encender la mecha de la parálisis administrativa.

Desde las filas del Partido Popular, Rafa Domínguez justificó el apoyo del PP a la moción socialista como un acto de auxilio a los afectados, al tiempo que defendía la gestión de la conselleira María Allegue, de quien aseguró que «conoce el tema en profundidad», tiene «empatía» y busca solucionar la acuciante falta de vivienda en la ciudad.

En un discurso interrumpido por los reproches de los vecinos desde el público, el edil nacionalista Oubiña acusó a la oposición de utilizar el conflicto de manera «ligeramente irresponsable» y de buscar «frenar» la construcción de vivienda pública tras 15 años de parálisis autonómica.

Aquel acuerdo, con la abstención nacionalista, se queda ahora en papel mojado y los afectados siguen sin ver resueltas sus demandas, por lo que no descartan nuevas movilizaciones. Argumentan que el plan puede modificarse para dejar fuera determinadas propiedades «como se hizo con el futuro parque canino o las huertas urbanas» en la zona de Conde de Bugallal.

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