Prevención de incendios
Pontevedra abarata la limpieza de las franjas secundarias: 420 euros la hectárea con Seaga
Los propietarios podrán beneficiarse del convenio firmado por el Concello con la Xunta
El documento recoge a la parroquia de Ponte Sampaio como zona prioritaria

Extinción de incendios en el lugar de O Rañadoiro, en la parroquia de Ponte Sampaio. / Marta G. Brea
El Concello de Pontevedra se adhiere por primera vez al convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, con el objetivo de reforzar la prevención y defensa contra los incendios forestales en las zonas de interfaz entre el monte y los núcleos habitados, las denominadas franjas secundarias. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, desde 2026 hasta 2029.
Según las condiciones anunciadas por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, los propietarios podrán acogerse a la limpieza de estas franjas a través de Seaga a un coste inferior al que supondría contratar los trabajos por su cuenta. El precio fijado será de 420 euros por hectárea, equivalente a 0,042 euros por metro cuadrado.
El informe técnico municipal señala que la adhesión permitirá al Concello acceder a apoyo técnico y administrativo para la revisión del Plan Municipal de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, la inspección de parcelas, la tramitación de notificaciones y la ejecución subsidiaria de trabajos de limpieza cuando los propietarios no cumplan sus obligaciones. También contempla actuaciones de gestión de biomasa en vías municipales, hasta un máximo de 12 kilómetros al año.
Para 2026, la parroquia de Ponte Sampaio figura como zona prioritaria dentro del municipio. Según el documento, podrían beneficiarse de estos contratos los responsables de 1.883 parcelas incluidas en las franjas secundarias de gestión de biomasa.
La adhesión no supondrá una aportación económica directa por parte de las arcas municipales, aunque el informe advierte de que implicará un aumento de la carga técnica y administrativa para el Concello, especialmente en tareas como la identificación de propietarios, la elaboración de planes de actuación, la tramitación de solicitudes y la individualización de expedientes por parcela. El objetivo final es reducir el riesgo de incendios forestales.
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