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La Xunta reúne esta semana a propietarios de suelo para impulsar el futuro barrio de San Mauro en Pontevedra

Vivenda defiende una fórmula de colaboración público-privada para desarrollar 2.010 viviendas protegidas en un ámbito urbanizable bloqueado desde hace década

Los vecinos de San Mauro afectados por expropiaciones en el pleno de este lunes.

Los vecinos de San Mauro afectados por expropiaciones en el pleno de este lunes. / Gustavo Santos

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Pontevedra

El desarrollo del futuro barrio de San Mauro en Pontevedra entra esta semana en una nueva fase. La Xunta ha convocado una reunión con representantes de suelo para presentar la iniciativa y explorar una posible fórmula de participación público-privada que permita desbloquear un ámbito llamado a acoger 2.010 viviendas protegidas.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, defendió este lunes que el Gobierno gallego actuará con «total transparencia y participación» en un proyecto que la administración autonómica pretende tramitar a través de un Proyecto de Interés Autonómico, conocido como PIA.

Según explicó, la Xunta está desarrollando una estrategia para activar suelo residencial en ámbitos que ya figuran en el planeamiento como urbanizables, pero que llevan años sin ejecutarse. Por ello, Martínez Allegue señaló que la administración autonómica «toma la iniciativa y desarrollará suelo con el objetivo de que se construya vivienda protegida en colaboración público-privada».

El anuncio se produce en pleno debate político y vecinal sobre el alcance del proyecto de San Mauro , especialmente por su impacto sobre propiedades privadas y por las futuras expropiaciones previstas en el ámbito. El pleno del Concello de Pontevedra aprobó este lunes una moción del PSOE, apoyada también por el PP y con la abstención del BNG, para pedir más garantías y diálogo con los vecinos afectados.

El texto reclama que el gobierno local se reúna «de manera inmediata» con los propietarios para recoger sus demandas y trasladarlas a la Xunta. También pide revisar aspectos del proyecto para reducir el impacto sobre las propiedades privadas y garantizar «un precio justo» o compensaciones adecuadas por los bienes expropiados.

La moción incorpora además la petición de que los propietarios de viviendas habituales afectadas puedan recibir, si así lo solicitan, una nueva vivienda libre de protección y de dimensiones adecuadas. Otro de los puntos aprobados reclama una ordenación urbanística «más racional», con una transición progresiva entre los edificios de mayor altura y las zonas de vivienda unifamiliar existentes.

El PP introdujo una enmienda para exigir el inicio inmediato de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), mientras el BNG acusó a socialistas y populares de incurrir en una «contradicción» por cuestionar ahora un ámbito cuya delimitación fue respaldada por unanimidad en 2025.

El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña, defendió que el proyecto es «estratégico y fundamental» para ampliar la oferta de vivienda protegida en Pontevedra, aunque aseguró que el gobierno local apoyará las «reivindicaciones justas» de los vecinos afectados.

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