La Policía Nacional denuncia su situación en Pontevedra: «Es una vergüenza de comisaría»

Pontevedra acumula una agresión a una autoridad, agente o funcionario público cada dos días en la provincia y registra un fuerte aumento de los delitos violentos en la ciudad desde 2018, según denunció este martes la Confederación Española de Policía (CEP) durante una concentración en la capital. El sindicato reclama más medios humanos y materiales, la creación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y una nueva comisaría que sustituya a las actuales instalaciones.

La organización sostiene, con datos atribuidos al Gobierno a fecha de 9 de mayo de 2026, que en 2025 se contabilizaron 202 agresiones en la provincia de Pontevedra. En la ciudad, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria pasaron de 14 en 2018 a 41 en 2025, con un pico de 46 en 2024, lo que la CEP cifra en un incremento del 192,85%.

Agustín Vigo, coordinador regional de la CEP en Galicia, aseguró que la Boa Vila vive una situación «pintoresca» por la colocación de bolardos que, a su juicio, dificultan la llegada rápida de los agentes a determinadas intervenciones. «Es el único sitio de España que vemos donde el ayuntamiento coloca los bolardos también para obstaculizar la labor de la policía», afirmó.

El sindicato vincula el deterioro de la seguridad con la falta de efectivos en la calle, el aumento de tareas internas en comisaría y la ausencia de una UPR. Vigo recordó que esa unidad existe en Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense y Vigo, pero no en Pontevedra, pese a que la CEP lleva «más de 15 años» reclamándola. Según defendió, sería «fundamental» para grandes eventos, situaciones de orden público y refuerzos ordinarios de seguridad ciudadana.

La CEP también cargó contra el estado de la comisaría de Pontevedra. «Es una vergüenza que esto sea una comisaría para una capital de provincia», señaló Vigo, que consideró insuficiente esperar a una nueva sede prevista, según indicó, a varios años vista.

La protesta forma parte de una campaña gallega iniciada en Santiago y con paradas en Ribeira, Vigo y Pontevedra, que continuará en A Coruña, Ourense y Lugo. El sindicato exige además que Policía Nacional y Guardia Civil sean reconocidas como profesiones de riesgo y mantiene su petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Abel Losada pide «rigor»

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, respondió a las críticas de la CEP expresando su «máximo respeto» por la actividad sindical, pero se mostró muy crítico con el comunicado en el que se habla de un «incremento salvaje de la violencia» en las calles de Pontevedra, la cual definió como una ciudad «extraordinariamente segura» y que cuenta con «más policías que nunca».

Según indicó, la Boa Vila cerró 2025 con 2.353 delitos convencionales denunciados, un 6% menos que los 2.515 registrados en 2019. «Al contrario de lo que sucede en la mayor parte del mundo, aquí la delincuencia está en continuo descenso», defendió.

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