El PSdeG-PSOE y el PP pactan una moción para redirigir el proyecto de San Mauro y exigir compensaciones a la Xunta

El aire en el salón de plenos de la Casa Consistorial se podía cortar esta mañana con un cuchillo. En los bancos del público, habitualmente semivacíos o habitados por el desinterés burocrático, se sentaban hoy rostros tensos, manos crispadas sobre carteles con lemas como «San Mauro non se vende, San Mauro se defende» y un clamor impreso en las camisetas de los vecinos: «¡Manos arriba! Esto es un atraco».

La sesión terminó con la aprobación de la moción presentada por el PSdeG-PSOE, que exige una redirección drástica a la Xunta en la tramitación del macroproyecto residencial: compensaciones económicas justas por los bienes expropiados, que se permuten las residencias habituales por viviendas libres y una ordenación del espacio que evite que viviendas unifamiliares estén situadas al lado de grande edificaciones. También se aprobó que el alcalde y la concelleira de Vivenda dialoguen con los vecinos.

La propuesta salió adelante gracias al inesperado pero estratégico matrimonio de conveniencia entre socialistas y el Partido Popular, que logró incluir una enmienda que busca impulsar la redacción de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El Bloque Nacionalista Galego (BNG), en el gobierno local, optó por una abstención crítica, atrapado en el dilema de defender la vivienda pública sin encender la mecha de la parálisis administrativa.

El debate lo abrió Iván Puentes, portavoz socialista, desnudando las cifras de la que es, hoy por hoy, la mayor operación urbanística de la Boa Vila: 21 hectáreas de terreno en San Mauro y la proyección de 2.010 viviendas, de las cuales el 80% serán protegidas. Sin embargo, el líder del PSOE local no tardó en señalar el pecado original del proyecto: el secretismo. «As persoas enteráronse pola publicación no Diario Oficial de Galicia; deuse o paso sen falar previamente con eles», denunció, calificando de «doloso» el trato a quienes tienen allí su vivienda habitual.

Puentes sacó a relucir el fantasma que quita el sueño a los vecinos: los baremos provisionales de expropiación que figuran en el proyecto de la Xunta y que tasan el metro cuadrado entre los 2 y los 10 euros. «Un prezo fóra de mercado que, de ser definitivo, sería delictivo, para meter a alguén no cárce», clamó

Puentes sacó a relucir el fantasma que quita el sueño a los vecinos: los baremos provisionales de expropiación que figuran en el proyecto de la Xunta y que tasan el metro cuadrado entre los 2 y los 10 euros. «Un prezo fóra de mercado que, de ser definitivo, sería delictivo, para meter a alguén no cárce», clamó el socialista, comparándolo con los 150 euros por metro cuadrado que abona el Concello para zonas verdes urbanas. El PSOE exige que no se cierre el periodo de alegaciones ni se mueva una sola piedra sin que la Consellería de Vivenda garantice precios justos, realojos equivalentes y casas libres de protección para quienes pierdan su hogar.

Desde las filas del Partido Popular, Rafa Domínguez recogió el guante con una estrategia clara: desviar el tiro hacia la bancada del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Para los populares, el drama de San Mauro es la consecuencia directa de 27 años de «incapacidad» para dotar a Pontevedra de un Plan Xeral actualizado. «Si hubiese un Plan General en condiciones, muchos de los que están aquí podrían haber desarrollado ese suelo como urbano y no como urbanizable», argumentó Domínguez, justificando el apoyo del PP a la moción socialista como un acto de auxilio a los afectados, al tiempo que defendía la gestión de la conselleira María Allegue, de quien aseguró que «conoce el tema en profundidad», tiene «empatía» y busca solucionar la acuciante falta de vivienda en la ciudad.

En un discurso interrumpido por los reproches de los vecinos desde el público, el edil nacionalista Oubiña acusó a la oposición de utilizar el conflicto de manera «ligeramente irresponsable» y de buscar «frenar o atrancar» la construcción de vivienda pública tras 15 años de parálisis autonómica

El momento de mayor fricción llegó con la réplica del concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña (BNG). En un discurso interrumpido por los reproches de los vecinos desde el público, Oubiña acusó a la oposición de utilizar el conflicto de manera «ligeramente irresponsable» y de buscar «frenar o atrancar» la construcción de vivienda pública tras quince años de parálisis autonómica en la materia. El edil nacionalista defendió que el Gobierno local apoya las reclamaciones de precios justos, pero alertó de que reabrir el diseño de la delimitación del PIA supondrá una parálisis de al menos dos años. «A veciñanza vai saír de aquí con máis incerteza; as propostas de cambio significarán voltar atrás», advirtió Oubiña, desatando las protestas de los afectados.

Finalmente, los socialistas rechazaron la propuesta de Oubiña de votar la moción por puntos para salvar las exigencias de protección a los vecinos sin ligarlas a la parálisis del plan. Al mantenerse el texto íntegro con la enmienda del PP, los nacionalistas consumaron su abstención. La moción se aprobó con 16 votos a favor.

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