El PIA de San Mauro, entre el malestar vecinal y un «tren que no siempre pasa»

La tensión vecinal en torno al Plan de Interés Autonómico de San Mauro, con el que se proyecta la construcción de más de 2.000 viviendas, el 80% de ellas protegidas, se ha enquistado en Pontevedra. El proyecto, impulsado por la Xunta, ha abierto un profundo malestar entre los residentes afectados por posibles expropiaciones. En medio de esa inquietud, el Concello de Pontevedra intenta sostener una posición de equilibrio: defender la necesidad de vivienda pública sin dejar solos a quienes temen perder sus casas.

En la tarde de este viernes volvió a tener lugar otra movilización por parte de los vecinos en uno de los terrenos que serán expropiados. Exigen pagos justos por sus propiedades y mayor transparencia en la tramitación del proyecto. La protesta se produce en un contexto de creciente desconfianza hacia las administraciones, a las que acusan de actuar «con prisas» y sin ofrecer explicaciones claras sobre el futuro de sus viviendas y terrenos.

Los afectados aseguran que no entienden la urgencia política por acelerar el PIA. «No sé por qué tanta prisa», señalan, en referencia a las propuestas municipales que instan a agilizar el desarrollo del plan. Los vecinos vinculan esa celeridad no solo a la construcción de vivienda, sino también a otros intereses urbanísticos y de movilidad en la zona, como las futuras conexiones viarias o actuaciones relacionadas con equipamientos próximos, «ya que el Concello tiene previsto instalar el edificio de Emergencias, de Bomberos, en la finca que era de Fenosa, junto al cementerio».

Aunque valoran positivamente que se reclame a la Xunta que se les pague justamente y que se atiendan sus demandas, consideran que esa exigencia debería darse por supuesta. «Parece mentira que el Concello se lo tenga que decir. Se supone que la Xunta sabe lo que tiene que hacer», lamentan.

El principal malestar se centra en la falta de información. Los residentes explican que les resulta difícil acceder a documentación comprensible y, sobre todo, encontrar interlocutores con capacidad real de decisión. «Va todo a correr, todo por detrás. Cuesta mucho encontrar información y cuesta mucho encontrar alguien que dé la cara», denuncian.

En las últimas semanas, los afectados mantuvieron contactos con representantes de distintos grupos políticos, pero aseguran que no obtuvieron respuestas concretas. «Hablamos con todos: PSOE, BNG, PP e incluso Vox, pero no sacas nada en limpio», explican.

Por ello, reclaman reuniones directas con responsables políticos. Al Concello le piden un encuentro con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, después de haber sido recibidos por el concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña. «Muy amable, pero balones fuera», resumen. A la Xunta le reclaman una reunión con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, o con responsables con capacidad para explicar las condiciones reales del proceso.

Por el momento, tendrán que conformarse con una reunión el próximo 22 de mayo con técnicos del Instituto Galego de Vivenda e Solo, aunque advierten de que ese encuentro no resolverá sus principales dudas. «Nos pueden explicar por dónde va el proyecto o cómo se va a hacer, pero nosotros queremos hablar de cifras, de compensaciones y de decisiones», afirman.

Así, la movilización vecinal continuará. Mantendrán la protesta para defender sus propiedades y reclamar un trato justo. «Luchar es lo que queda», concluyen.

Enmienda de sustitución

La protesta se produjo el mismo día en el que el concelleiro de Urbanismo compareció ante la prensa horas antes para presentar una enmienda de sustitución a la moción del PSOE sobre el desarrollo del PIA y lanzó un mensaje directo a la vecindad: «Los vecinos siempre van a tener nuestro compromiso de que los vamos a apoyar».

La frase resume la línea que el gobierno local quiere fijar antes del pleno municipal de la próxima semana. El Concello considera que el PIA de San Mauro es una actuación estratégica para Pontevedra, pero al mismo tiempo reclama a la Xunta que atienda las «justas demandas» de las personas afectadas.

«Creemos que a día de hoy todavía hay margen suficiente para que, sin paralizar el PIA, se puedan alcanzar compensaciones justas para los vecinos», defendió Alberto Oubiña.

El edil insistió en que Pontevedra no puede permitirse frenar una operación que, según el gobierno local, permitiría incrementar la vivienda protegida tras «17 años sin construir vivienda protegida en la ciudad». Supondría «perder un tren que no siempre pasa».

Según los datos abordados durante la comparecencia, en el ámbito figuran viviendas construidas entre 1900 y 2017, muchas de ellas anteriores al Plan Xeral de Ordenación Urbanística de 1989. Para sus dueños, el proceso no se mide únicamente en metros cuadrados ni en tasaciones, sino en memoria familiar.

La enmienda que el gobierno local llevará al pleno se articula sobre dos ideas: recuperar la unanimidad de la corporación municipal en torno al PIA y exigir a la Xunta que abra canales de diálogo con los afectados. El texto propone instar al Gobierno gallego a agilizar la tramitación del proyecto, pero también a satisfacer las demandas vecinales mediante negociación y colaboración.

«No podemos volver atrás», advirtió Oubiña. «Si queremos vivienda protegida, tiene que ser ya», concluyó.

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